05-05-2020 / 17:02 h EFE

La Audiencia de Cantabria juzga desde mañana a ocho acusados de formar una red dedicada a proporcionar medios a inmigrantes albaneses para viajar al Reino Unido, para los que la Fiscalía pide penas que suman más de 50 años de cárcel.

El juicio, considerado esencial porque tres de los ocho acusados están en prisión provisional, se señaló para el pasado 23 de marzo pero no se pudo celebrar porque la abogada de uno de los acusados estaba en cuarentena por coronavirus.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia a partir del escrito del Ministerio Fiscal, los acusados formaban parte de un grupo organizado que se dedicaba a contactar con ciudadanos albaneses que habían llegado a España desde su país de origen con intención de viajar al Reino Unido.

Una vez en España, les organizaban el transporte al país de destino, "eludiendo los controles fronterizos", y "todo ello a cambio de cantidades que podrían alcanzar los 5.000 euros por persona", explica el Ministerio Fiscal.

"Ese dinero lo recibían en muchas ocasiones de manera fraccionada mediante giros postales. Luego, lo repartían entre los miembros del grupo", añade.

Bajo la dirección de uno de ellos, "organizaban su actividad desde Cantabria, proporcionando alojamiento a los ciudadanos albaneses en tránsito", bien acogiéndolos en el domicilio del cabecilla, o bien en habitaciones alquiladas.

Posteriormente, "utilizaban dos métodos para burlar los controles" fronterizos.

En unas ocasiones, realizaban vigilancias de los camiones que embarcaban en el ferry, con destino a Reino Unido, seleccionando los más adecuados, "y en momentos de descuido de sus responsables y de los funcionarios de fronteras, ayudaban a los inmigrantes a entrar en los vehículos y esconderse para viajar como polizones".

La segunda forma empleada consistía en buscar personas "que, a cambio de cierta cantidad de dinero, se encargaban de transportar a los migrantes ocultos en habitáculos de camiones o caravanas" que viajaban a Reino Unido en ferry desde Santander o Santurce (Vizcaya) o bien por carretera.

Además de estas actividades, tres de los acusados, el cabecilla y dos colaboradores, se dedicaban, según la Fiscalía, al tráfico de cocaína, hachís y MDMA.

Estos hechos constituyen, según el Ministerio Público, delito de ayuda a la inmigración ilegal y delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño.

Las penas solicitadas ascienden a once años y 35.000 euros de multa para el jefe de la organización por un delito continuado de ayuda a la inmigración ilegal y otro de tráfico de drogas.

Para sus dos colaborares, a los que también se imputa el delito de inmigración ilegal con continuidad delictiva y el de tráfico de drogas, se piden nueve años y seis meses, así como multa de 35.000 euros de multa para uno, y siete años y nueve meses y multa de 1.000 euros para el otro.

Asimismo, a un hermano del cabecilla se le imputa el delito continuado de inmigración ilegal, y el Ministerio Fiscal solicita una condena de seis años de prisión.

Al resto de los acusados, dos hombres y dos mujeres que llevaron en dos caravanas a personas que se dirigían ilegalmente al Reino Unido, se les imputa el delito de ayuda a la inmigración ilegal pero sin continuidad delictiva, por lo que la pena pedida es de cuatro años de cárcel.

 
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