30-04-2020 / 18:01 h EFE

El Gobierno de Cantabria pedirá al Ministerio de Justicia capacidad para que la región pueda adaptar los criterios del plan de desescalada judicial a las particularidades de su organización territorial y ganar así en "eficacia y eficiencia" en el proceso de implantación.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Presidencia, Jussticia, Interior y Acción Exterior, Paula Fernández, tras el último de los encuentros previstos para abordar la implantación de este plan de choque con los representantes de los sindicatos más representativos en Cantabria, CSIF, STAJ, UGT y CCOO.

La consejera ha defendido una mayor capacidad para las autonomías con competencias en esta materia a la hora de "definir las tareas organizativas y los supuestos pendientes para una mejor planificación de los medios necesarios y favorecer a corto plazo el funcionamiento del sistema judicial".

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, Fernández ha trasladado a los sindicatos la propuesta que hará Cantabria al Ministerio, después de la entrada en vigor, este jueves, del decreto que fija los criterios para hacer frente a los efectos del coronavirus en el servicio público y responder al incremento de asuntos judiciales.

Este proceso incluye, entre otras cuestiones, turnos de trabajo, habilitar gran parte de agosto, ampliar los plazos procesales y limitar los accesos a los juzgados.

Para la consejera, la nueva organización judicial planteada por el Ministerio debe adaptarse a las particularidades de la organización territorial de Cantabria, la distribución de los juzgados y de los funcionarios de la Administración de Justicia.

En la reunión de hoy, el Gobierno ha pedido a las organizaciones sindicales que presenten sus sugerencias en el proceso de implantación del plan regional de desescalada en el ámbito judicial, un proceso que se ejecutará "de la mano" de los agentes implicados.

Fernández ha señalado que el Gobierno y los representantes sindicales comparten las mismas preocupaciones en este proceso de incorporación de efectivos para normalizar la actividad judicial, que es "garantizar la seguridad y la salud de empleados y usuarios, la dotación de material de protección necesario para los funcionarios e incrementar el sistema de teletrabajo".

Asimismo, ha recordado que el plan incluye "profundos cambios organizativos" en las sedes judiciales y la incorporación de nuevos modos de gestión y organización, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.

La consejera ha informado también de que la web de la Dirección General de Justicia cuenta con una guía de teléfonos y direcciones de correos electrónicos de todos los órganos judiciales para priorizar la asistencia a distancia, en cumplimiento de las directrices fijadas por el real decreto del Estado.

 
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