29-04-2020 / 17:21 h EFE

La Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de COVID-19 distribuidas por todo el país, de las que tres corresponden a Aragón.

Son datos actualizados a 27 de abril y ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado por comunidades autónomas y provincias que demuestran que Madrid registra, de lejos, el mayor número de caso abiertos, 42, casi el doble que la siguiente comunidad en la lista, Cataluña, con 24.

Tras Madrid y Cataluña siguen en este orden, Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1).

En algunas comunidades como Murcia y Navarra no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído.

Al total de 109, hay que añadir otras 12 que ya se tramitan en los juzgados, según han precisado fuentes fiscales.

Estas cifras dan cuenta de 33 nuevas investigaciones en relación a las 86 de las que informó el pasado día 21 el ministerio fiscal, que no precisa los presuntos delitos que dieron su origen.

A estas investigaciones penales, se suman más de 160 diligencias por la vía civil que ha cursado el ministerio público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.

No obstante, ese número no corresponde con el total de residencias investigadas, que es más elevado dado que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas.

Cataluña concentra 78 investigaciones civiles, si bien el resto están muy repartidas por todo el territorio nacional. Le siguen Andalucía y Comunidad Valenciana con 14 cada una, mientras que Asturias y Baleares son las únicas regiones en las que no existen procedimientos abiertos.

Llama la atención el caso de la Comunidad de Madrid, que lidera las investigaciones penales pero que en el caso de las civiles tan solo tiene cuatro procedimientos abiertos por Fiscalía.

 
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