26-04-2020 / 14:00 h EFE

Las explotaciones de ganado bravo andaluzas podrán reanudar las faenas de tienta, necesarias para seleccionar las reses que serán destinadas a la lidia, las que permanecerán en la vacada como hembras reproductoras o sementales, y las que serán destinadas a deshecho o al matadero para su consumo.

Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García Martín, a través de una carta fechada el 15 de abril y dirigida al ganadero Carlos Núñez Dujat des Allymes, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, en la que contestaba una misiva del ganadero solicitando la reanudación del “ejercicio de los tentaderos de machos y hembras, con objeto de su selección para su traslado al matadero”.

“Al tratarse de una actividad profesional, el Real Decreto 463/2020 del Estado de Alarma, permite que se desarrolle y habilita a los trabajadores que la realizan a continuar su ejercicio”, precisa la delegada del Gobierno insistiendo que, en cualquier caso, “los trabajadores deberán tomar las debidas precauciones de prevención”, en referencia al uso de guantes, mascarillas, geles y las todas las obligadas de seguridad.

Las faenas de tienta obligan a la movilización del personal indispensable de la ganadería –mayoral, vaqueros, el propio ganadero- además de los toreros y auxiliares intervinientes en las mismas: un matador o novillero, al menos un banderillero y el indispensable picador en las tientas de hembras y machos a los que habría que unir un mozo de espadas.

La Unión de Criadores de Toros de Lidia ya había hecho llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; al Ministerio de Cultura y a las presidencias y consejerías de Agricultura y Desarrollo Rural de las distintas comunidades autónomas la propuesta de un paquete de medidas que ayuden a paliar las consecuencias de la paralización del negocio taurino en la explotaciones de bravo.

La Unión, que ha cifrado las pérdidas del sector en 77 millones de euros, pretende recabar esa ayuda de las administraciones para “atenuar la pérdida del valor cultural, genético y medio ambiental de las ganaderías de bravo, ya que el 90 % del valor de nuestro producto se corresponde con este tipo de parámetros”, según explicó el propio organismo en un comunicado.

 
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