23-04-2020 / 20:21 h EFE

Cáceres, 23 abr La Fiscalía de Cáceres ha iniciado la toma de declaraciones, en calidad de testigos, a trabajadores de la residencia Asistida, a raíz de la denuncia presentada por familiares de residentes sobre la gestión asistencial desde el inicio de la pandemia, y que ha causado casi 70 fallecidos en este centro.

A petición del Ministerio Público, una trabajadora de esta residencia ha declarado este jueves por videoconferencia desde la Comisaría de Policía y acompañada por el letrado del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Antonio Rubio.

En declaraciones a EFE, el abogado ha explicado que la Fiscalía, a partir de las declaraciones que recoja de las personas que llame a declarar, en el marco de las diligencias de investigación, decidirá si admite a trámite la denuncia.

Además, podría ordenar medidas inmediatas, cautelarísimas, si así lo considera, sobre esta residencia cacereña.

A lo largo de una hora y media, la trabajadora ha respondido a las cuestiones planteadas por la Fiscalía relacionadas con la gestión interna de la atención a los residentes, medidas de prevención y seguridad, protocolos de atención, medios de seguridad laboral y ordenes que recibían.

En Extremadura constan cinco diligencias de investigación penal incoadas en sede fiscal como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de este tipo de centros, entre otros.

De esas cinco, una se sigue por parte de la Fiscalía de la comunidad, dos por la Fiscalía Provincial de Cáceres y otras dos por la Fiscalía Provincial de Badajoz. EFE asA petición del Ministerio Público, una trabajadora de esta residencia ha declarado este jueves por videoconferencia desde la Comisaría de Policía y acompañada por el letrado del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Antonio Rubio.

En declaraciones a EFE, el abogado ha explicado que la Fiscalía, a partir de las declaraciones que recoja de las personas que llame a declarar, en el marco de las diligencias de investigación, decidirá si admite a trámite la denuncia.

Además, podría ordenar medidas inmediatas, cautelarísimas, si así lo considera, sobre esta residencia cacereña.

A lo largo de una hora y media, la trabajadora ha respondido a las cuestiones planteadas por la Fiscalía relacionadas con la gestión interna de la atención a los residentes, medidas de prevención y seguridad, protocolos de atención, medios de seguridad laboral y ordenes que recibían.

En Extremadura constan cinco diligencias de investigación penal incoadas en sede fiscal como consecuencia de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de este tipo de centros, entre otros.

De esas cinco, una se sigue por parte de la Fiscalía de la comunidad, dos por la Fiscalía Provincial de Cáceres y otras dos por la Fiscalía Provincial de Badajoz.

 
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