21-04-2020 / 17:50 h EFE

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha apelado al independentismo a construir un "frente común" para lograr la amnistía de los políticos presos, en vez de enredarse en una "lucha cainita" con la que, en su opinión, algunos intentan "sacar rédito político de donde no habría que jugar".

En su comparecencia en el Parlament para dar cuenta de su gestión frente al coronavirus en los juzgados y las prisiones catalanas, Capella ha insistido en que, si de ella dependiera, "no habría presos políticos", pero ha recordado que no son los gobiernos, sino los jueces, los que deciden si envían a alguien a la cárcel.

"Soy consellera de Justicia, militante de ERC. El líder de mi partido está en la cárcel. Si estuviera en mis manos, ¿alguien cree que no lo habría sacado?", ha recalcado Capella, en una velada alusión a las críticas de JxCat por que las cárceles catalanas descartaron mandar a su casa a pasar el confinamiento a los líderes independentistas presos, tras las advertencias del Supremo de que ello podría constituir un delito de prevaricación.

En su intervención inicial ante los grupos, Capella ha mantenido que los independentistas deberían reconocerse "como aliados" y ha llamado a no equivocarse de "adversario", por lo que ha sentenciado: "Menos lucha cainita y más generosidad y trabajo en equipo".

Para la consellera, los que "juegan a confundir" con el tema de los políticos presos intentan "sacar rédito político" y "minar la unidad" del 80 % de catalanes que, en su opinión, están contra la sentencia y contra el encarcelamiento de los líderes del procés.

No obstante, Capella ha admitido que, como ya ha repetido "miles de veces", ninguna "convicción personal ni de ningún dirigente del Govern, ni de la consellera de Justicia, ni del president, ni tampoco de ningún funcionario, puede cambiar la sentencia del Tribunal Supremo".

La consellera ha arremetido contra el Supremo por advertir, a través de un mensaje remitido a la prensa, que investigaría a los funcionarios de las juntas de tratamiento que permitieran confinarse en su casa a los políticos presos, quienes vieron suspendidas sus salidas para trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

"No podemos tolerar ningún tipo de amenaza o coacción a las juntas de tratamiento, estamos hablando de funcionarios que actúan con absoluta independencia", ha añadido Capella, que cree que los miembros de las juntas de tratamiento deben poder tomar sus decisiones "sin coacciones ni amenazas".

 
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