20-04-2020 / 15:02 h EFE

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado un entramado criminal que suministraba, supuestamente de forma ilegal, servicios audiovisuales y de televisión a través de grupos cerrados en redes sociales, al menos a unos 15.000 usuarios en diferentes puntos de España.

Una denuncia formulada en la Comisaría Provincial de Valladolid, por parte de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), puso en marcha esta operación hace casi un año, en mayo de 2019, que hasta la fecha ha provocado la detención de siete personas, entre ellas dos de los principales protagonistas de la red, en Zamora y Salamanca.

Otra persona ha sido detenida en Córdoba, tres en la provincia de Valencia (Puerto Sagunto y Oliva) y la restante en Benalmádena (Málaga), todos ellos en libertad con cargos tras haber sido puestos a disposición judicial, han informado este lunes fuentes policiales.

El perjuicio ocasionado por esta actividad durante el último año a los titulares de los derechos es de unos 11,8 millones, y la Hacienda Pública ha dejado de ingresar, por la misma razón, en torno a 3,1 millones.

El detenido en Salamanca gestionaba una página web desde donde publicitaba sus servicios ilegales, mientras que el de Zamora dirigía un grupo cerrado desde una aplicación de mensajería y el resto de los ahora detenidos distribuía de forma coordinada los contenidos audiovisuales y de televisión a miles de usuarios en España, al menos 15.000.

Las mismas fuentes han destacado la dificultad de la operación debido al anonimato que les confiere el uso de las redes sociales, y que aumenta debido a que los principales investigados utilizaban identidades de terceras personas sin su conocimiento, para que aparecieran como titulares de los teléfonos y de cuentas abiertas en las entidades financieras que utilizaban.

Entre otros efectos, los agentes intervinieron siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno, casi 11.000 euros en efectivo, material informático, teléfonos móviles y documentación sobre los delitos investigados.

Los seis registros practicados en los domicilios de los investigados permitieron la desconexión de 5.673 usuarios, el cierre de la web, el bloqueo de diversas cuentas de pago por internet y otras plataformas de banca online que les servía para canalizar sus beneficios.

 
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