08-04-2020 / 17:40 h EFE

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación asumirá la guarda provisional de aquellos menores cuyos padres o cuidadores estén ingresados por coronavirus y no tengan personas ni redes de apoyo que se puedan hacer cargo de ellos.

Esta es una de las medidas recogidas en el informe de 'Actuaciones extraordinarias realizadas desde la Dirección General de Infancia para afrontar la crisis con motivo de la situación ocasionada por el Covid-19', que ha sido presentado este miércoles por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, al Consejo de Gobierno.

Según el documento, entre las situaciones de emergencia social que se pueden presentar está la de los hijos menores de personas que tengan que ser ingresadas en centros sanitarios para recibir tratamiento por la infección y no tengan personas ni redes de apoyo que se puedan hacer cargo de ellos.

Esta situación encaja en la definición de guarda administrativa establecida en el Código Civil en su artículo 172 bis: "Cuando los progenitores o tutores, por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Entidad Pública que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario".

Desde Andalucía, para atender estos casos se cuenta tanto con el recurso del acogimiento familiar como del acogimiento residencial, siendo el primero, aunque sea por periodos cortos de tiempo, la medida preferente en todos los casos.

Para ello es necesario contar con familias disponibles y que puedan gestionar adecuadamente la situación de control y aislamiento que pueden necesitar los menores acogidos, sin poner en riesgo a otras personas mayores o menores, que convivan en el domicilio.

En estos momentos ya hay familias con menores acogidos en estas circunstancias, según la Consejería.

Cuando la guarda se tenga que llevar a cabo en un centro, se ha considerado que los centros propios, por ser públicos, pueden ser más versátiles y adaptarse en un momento dado a las circunstancias y a la demanda existente, permitiendo tanto por la ratio de personal que disponen como por la amplitud de sus instalaciones acoger con carácter inmediato a menores en circunstancias especiales.

Otra de las actuaciones excepcionales recogidas en el informe es el incremento del presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares hasta los 15.291.608 euros, lo que supone un aumento de un 20 % para el ejercicio 2020, así como las medidas para agilizar su gestión frente a la situación de emergencia social dada en Andalucía con motivo de la pandemia por COVIDid-19.

Las ayudas económicas familiares suponen un conjunto de acciones dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención de las necesidades alimentarias más urgentes.

Se regula la gestión de estas ayudas mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales de su territorio para la adecuada atención de las necesidades básicas de los menores, especialmente de alimentación.

Por ello, se ha considerado pertinente proponer medidas para la simplificación de la tramitación y agilizar el pago de las ayudas a las familias que las necesiten.

En ese sentido, se incide en la tramitación de oficio por parte de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales, la agilización en la presentación de documentos y la priorización del informe social que motive la necesidad de estas ayudas, con el objetivo de que se contribuya a una mayor celeridad en la concesión.

Todo ello permitiendo que las entidades locales establezcan las fórmulas más adecuadas y con todas las garantías para su fiscalización por las intervenciones municipales y el pago efectivo a las familias en situación de mayor dificultad en este periodo.

Teniendo en cuenta que las ayudas económicas familiares son una herramienta de lucha contra la pobreza infantil, se quiere incentivar la concesión de estas prestaciones en favor de las familias con hijos que puedan necesitarlas.

Se trata de una ayuda compatible con la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMSI), por lo que se pueden conceder simultáneamente.

También incluye el informe las acciones claves para la dirección, equipo educativo y personal de los centros, las actuaciones a realizar en caso de menores con sintomatología leve, las medidas a adoptar en caso de sospecha o confirmación de infección relativas a la ubicación y aislamiento de menores, así como las medidas dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores al existir menores en aislamiento, junto a una serie de anexos informativos.

Además, se han remitido a las delegaciones territoriales instrucciones sobre las actuaciones a realizar con los nuevos ingresos de menores y los traslados.

 
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