08-04-2020 / 15:31 h EFE

Los Juzgados de lo Social número de 1 de Soria y Ávila han desestimado los recursos presentados por la Junta de Castilla y León en relación al acopio de material sanitario demandado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León (CESMCYL) para hacer frente a la crisis sanitaria.

Los autos conocidos este miércoles se suman a los que se hicieron públicos el pasado lunes en el mismo sentido por tres juzgados de lo Social de León, Segovia y Zamora.

Según se desprende de los autos de los juzgados de Soria y Ávila facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyLl, ambos órganos judiciales han ratificado la necesidad de "proveer urgentemente" a los profesionales sanitarios de los equipos de protección individual (EPIs) necesarios para realizar su trabajo en "condiciones óptimas" y evitar el contagio por el coronavirus COVID-19.

"A la vista de la tendencia marcadamente alcista de contagios entre los profesionales que prestan servicios en los centros a los que se refieren las medidas y a la vista, asimismo, de la falta de concreción en los medios y recursos empleados en la provincia de Ávila, procede el mantenimiento de la vigencia de la medida cautelar adoptada en el auto de 26 de marzo de 2020", ha señalado el juzgado de Ávila.

Así, en Ávila son 203 los sanitarios aislados por presentar síntomas relacionados con el Coronavirus, -20 más que el día anterior-, lo que representa un 28 por ciento del total. Eso, según ha subrayado, convierte a la provincia en la de mayor porcentaje de profesionales afectados en Castilla y León.

Por su parte, el de Soria ha precisado que "la documentación aportada no acredita que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria haya facilitado y continúe facilitando a todo su personal, desde el inicio de la crisis y diariamente, los EPIs y demás instrumentos de protección de la salud que se solicitaron cautelarmente".

En este sentido, ha considerado que "debería tener provisión de dichos equipos en cantidad suficiente para atender las necesidades ordinarias de su personal a medio plazo, así como para atender un eventual incremento de las necesidades por la aparición de brotes epidémicos puntuales".

Ante estos pronunciamientos, la Junta de Castilla y León aseguró el pasado lunes que ya está "cumpliendo y acatando" los autos de dichos Juzgados de lo Social de la Comunidad que instan al Ejecutivo autonómico a dotar de material de protección a los sanitarios de la Comunidad.

Aunque el Ejecutivo "comparte" estas resoluciones judiciales en el sentido de que "hay que redoblar los esfuerzos en la dotación de los equipos de protección", ha enfatizado en el hecho de que en estos autos se especifica que es el Ministerio de Sanidad la "máxima autoridad" delegada durante el estado de alarma y suya también es la responsabilidad en la dotación de estos Equipos de Protección Individual (EPI).

 
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