06-04-2020 / 18:50 h EFE

El Defensor del Pueblo Andaluz investigará de oficio la situación de la residencia de ancianos de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en la que han fallecido durante la crisis 24 personas posiblemente con coronavirus y donde se han contabilizado un total de 79 pacientes positivos

Se trata de la Residencia Joaquín Rosillo, que ha sido intervenida por la Consejería de Salud al estar estos centros dentro del cuidado sanitario que desarrolla la Junta con personal que sigue a los pacientes, a los cuidadores, las condiciones y el aislamiento.

Al margen de las quejas o denuncias de los familiares de los fallecidos y los contagiados, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, investigará de oficio la situación y lo que ha ocurrido en esta residencia.

La investigación forma parte del compromiso avanzado por esta institución la pasada semana de analizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene la administración pública andaluza en las residencias de mayores para conocer las medidas adoptadas y salvaguardar la salud de los residentes, en esta crisis sanitaria.

"La envergadura de este problema y su dimensión humanitaria hacen necesaria una investigación de oficio", según Maeztu, que ha recibido numerosas denuncias, además de la información pública que se ha conocido los días pasados.

La denuncias que le han llegado al Defensor se refieren a la falta de equipos de protección a los profesionales para atender a estas personas, con riesgo de contagio mutuo y el desconocimiento de a quién deben instar su aprovisionamiento.

Junto a estas ha recibido otras denuncias sobre la omisión de la práctica de la prueba de coronavirus a residentes mayores que han sido ingresados en hospitales por neumonía o pudieran padecer la enfermedad por sus síntomas; la carencia de espacios para el aislamiento de los contagiados o residentes con sospecha de afectación vírica y a cuenta de la falta de personal por las bajas sobrevenidas.

El Defensor ha hecho un llamamiento humanitario ante la grave situación que atraviesan las personas mayores residentes en centros privados, públicos o concertados en Andalucía y ha pedido una respuesta a esta emergencia social "ante los casos de infectación y fallecimientos de mayores en estas residencias".

También cree prioritario que las administraciones se coordinen para resolver las dificultades de organización y respuesta para afrontar las situaciones de riesgo.

 
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