06-04-2020 / 18:11 h EFE

UGT ha solicitado a la autoridad laboral y a la Inspección de Trabajo que insten a las empresas subcontratadas por las diferentes Administraciones Públicas a desafectar de los ERTE a los trabajadores que presten servicios en la ejecución ordinaria de los contratos correspondientes.

En su escrito de reclamación indica que tiene conocimiento de que han presentado ERTE por fuerza mayor empresas que prestan servicios a diferentes Administraciones Públicas navarras, ya sea de limpieza de colegios, edificios públicos, gestión de actividades deportivas, transporte escolar y urbano o restauración colectiva en comedores escolares.

Ante esos casos demanda que se aplique el criterio establecido en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en materia de contratación pública e insten a estas empresas a desafectar de los ERTE presentados a quienes prestan los servicios subcontratados.

Así, según apunta en un comunicado, se evitarán "situaciones de indefensión a los trabajadores y de confusión a las propias empresas".

El citado Real-Decreto, según indica, establece que los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes hasta entonces y cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas para combatirlo "quedarán automáticamente suspendidas desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse”.

Añade que cuando “la ejecución de un contrato público quedara en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista”.

Y entre los daños y perjuicios por los que la empresa podrá ser indemnizada, señala “los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el periodo de suspensión”.

La UGT apunta que, al menos, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña han acordado expresamente, como medida de mantenimiento del empleo, garantizar el abono de los salarios de las personas trabajadoras de los servicios de restauración social o colectiva en centros públicos.

Así, señala, se evita la suspensión de los contratos de trabajo del personal vinculado a tales servicios por las empresas concesionarias y excluyendo al mismo de medidas de regulación de empleo.

 
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