01-04-2020 / 20:41 h EFE

La Junta de Castilla y León ha decidido intervenir la residencia de ancianos privada "El Roble", en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, y "Caracillo", en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo, para garantizar la continuidad de la actividad ante la falta de personal sano para atender a los mayores, por lo que son ya tres los centros asumidos por el sistema público tras hacer lo mismo con otro de Burgos la pasada semana.

Según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado, las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad han adoptado respecto a estas residencias una serie de medidas de carácter extraordinario, entre ellas designar a un empleado público para el desempeño de la dirección y coordinación de la actividad asistencial tal y como le faculta la Orden del Gobierno central.

En el caso de la provincia de León, la Fundación "El Roble", entidad titular del centro, pondrá a disposición de la nueva dirección todo el personal del centro y los medios materiales necesarios.

"El Roble" atiende a 25 mayores, de los que 13 se encuentran ingresados en la actualidad en el Hospital del Bierzo, y, del total de usuarios, 24 han dado positivo en las pruebas de COVID-19.

Asimismo, la plantilla de trabajadores se ha visto reducida, ya que de los siete gerocultores que prestan atención directa, cinco se encuentran de baja (cuatro de ellos positivos por COVID-19), además de la directora, y tan solo dos empleados están trabajado.

Parte de los trabajadores del centro privado "El Roble", decidieron confinarse con los mayores para seguir prestándoles asistencia y evitar al mismo tiempo posibles contagios.

Debido a la situación excepcional que vive el centro y la dificultad para dispensar la adecuada atención a los mayores, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha adoptado varias medidas para garantizar la actividad en el citado centro.

Así, se ha requerido a la empresa EULEN S.A. para que, de entre el personal del servicio de estancias diurnas que presta sus servicios en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de León, ponga a disposición de este centro a trabajadores con la cualificación necesaria para garantizar la atención.

El pasado 26 de marzo la Junta de Castilla y León ya se vio obligada a adoptar una decisión similar en la residencia privada Valle del Cuco Ribera del Riaza del municipio burgalés de Adrada de Haza por deficiencias en la atención a sus 48 residentes por falta de personal.

SALAMANCA

Por otra parte, en la provincia de Salamanca, la Junta de Castilla y León ha intervenido la residencia de ancianos privada 'Caracillo', en Ciudad Rodrigo y ha trasladado a una treintena de residentes a un centro de la capital salmantina, después de que 7 de los 22 trabajadores de plantilla, estén de baja por coronavirus o síntomas compatibles.

Según ha anunciado el Gobierno autonómico este miércoles en una nota de prensa, los 30 ancianos que han sido trasladados a la residencia 'Montevideo' de Salamanca están sin síntomas compatibles con Covid-19.

De esta manera, las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Sanidad han tomado la decisión de este traslado "para aligerar la carga asistencial del centro mirobrigense y poder dispensar la atención a los mayores con la plantilla actual".

La plantilla de esta residencia de ancianos está compuesta por 21 trabajadores, de los que siete han causado baja laboral, cinco de ellos tras dar positivo en Covic-19 y dos con síntomas compatibles con el virus.

Para la Junta, la situación originada ante la falta de personal en la residencia 'Caracillo' no permitía garantizar la "adecuada atención a los mayores".

En la actualidad, en este centro hay 74 residentes, de los que 30 han sido trasladados a la residencia privada 'Montevideo', en Salamanca' donde ocuparán un ala independiente, a pesar de que "ninguno de ellos presentan síntomas compatibles con Covid-19".

"La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la de Sanidad agradecen la disposición mostrada por la residencia 'Montevideo' y lamentan los inconvenientes que puedan ocasionar a los usuarios y familiares", han señalado desde el Gobierno autonómico.

 
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