01-04-2020 / 19:41 h EFE

La Junta de Castilla y León ha decidido intervenir la residencia de ancianos privada "El Roble", en la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, para garantizar la continuidad de la actividad ante la falta de personal sano para atender a los mayores, como ya hizo la pasada semana con otra de Burgos.

Según ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado, las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad han adoptado respecto a esta residencia una serie de medidas de carácter extraordinario, entre ellas designar a un empleado público para el desempeño de la dirección y coordinación de la actividad asistencial tal y como le faculta la Orden del Gobierno central.

Asimismo, la Fundación "El Roble", entidad titular del centro, pondrá a disposición de la nueva dirección todo el personal del centro y los medios materiales necesarios.

"El Roble" atiende a 25 mayores, de los que 13 se encuentran ingresados en la actualidad en el Hospital del Bierzo, y, del total de usuarios, 24 han dado positivo en las pruebas de COVID-19.

Asimismo, la plantilla de trabajadores se ha visto reducida, ya que de los siete gerocultores que prestan atención directa, cinco se encuentran de baja (cuatro de ellos positivos por COVID-19), además de la directora, y tan solo dos empleados están trabajado.

Parte de los trabajadores del centro privado "El Roble", decidieron confinarse con los mayores para seguir prestándoles asistencia y evitar al mismo tiempo posibles contagios.

Debido a la situación excepcional que vive el centro y la dificultad para dispensar la adecuada atención a los mayores, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha adoptado varias medidas para garantizar la actividad en el citado centro.

Así, se ha requerido a la empresa EULEN S.A. para que, de entre el personal del servicio de estancias diurnas que presta sus servicios en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales en la provincia de León, ponga a disposición de este centro a trabajadores con la cualificación necesaria para garantizar la atención.

El pasado 26 de marzo la Junta de Castilla y León ya se vio obligada a adoptar una decisión similar en la residencia privada Valle del Cuco Ribera del Riaza del municipio burgalés de Adrada de Haza por deficiencias en la atención a sus 48 residentes por falta de personal.

 
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