27-03-2020 / 22:20 h EFE

Los empresarios y autónomos de Madrid rechazan de forma categórica la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de este viernes de prohibir "de manera unilateral" acometer despidos temporalmente por la situación extraordinaria en la que ha derivado la crisis del coronavirus.

CEIM considera la medida "autoritaria y que atenta" contra la libertad de empresa recogida en la Constitución, y advierte de que va a provocar una "multiplicación" del desempleo debido a la desaparición de "miles" de empresas que no podrán aguantar la situación de crisis actual y terminarán en la quiebra técnica, señala en un comunicado la patronal madrileña.

Frente a la opción de que las empresas puedan adaptarse a la "tremenda" crisis desencadenada por la pandemia y salvar empleos, el Gobierno de Pedro Sánchez opta de esta manera "por condenar al cierre definitivo a muchísimas empresas y automáticamente envía a todos sus trabajadores al paro", opina CEIM.

"Al mismo tiempo, esta situación de desaparición de numerosas empresas va a generar una situación de falta de recursos económicos al Estado para ejercer su labor fundamental de auxilio a los colectivos más desfavorecidos", añade.

A juicio de CEIM, esta "disparatada" decisión condena a España a mayores índices de pobreza y lanza al exterior un mensaje de que "somos un país sin seguridad jurídica, por lo tanto aleja decisiones de inversión, las cuales generan riqueza y empleo para todos".

Sostiene además que el intervencionismo en el mercado de trabajo es "una garantía de freno en las contrataciones y un motor de generación de desempleo, especialmente en los colectivos más desfavorecidos, que son los que estamos especialmente obligados a ayudar como sociedad de progreso".

CEIM recuerda que en una economía de mercado, el Estado tiene la obligación de asegurar un marco jurídico que permita la libre competencia y la iniciativa de las empresas.

Para la patronal madrileña, esto incluye la protección de los derechos de propiedad y, por lo tanto, de tomas de decisiones dentro de un marco jurídico conocido. Por todo ello, CEIM exige al Gobierno de España la inmediata retirada de esta decisión "en beneficio de España".

 
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