24-03-2020 / 21:01 h EFE

El Gobierno de España, tras la autorización del Consejo de Ministros celebrado hoy, transferirá 9.284.806 euros a la Región de Murcia para la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19, según lo previsto en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del virus.

Además, el Ejecutivo también destinará 1.049.750 euros para la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos según lo previsto en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Se trata de niños que recibían en sus centros educativos una beca comedor y que, ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial. Las ayudas podrán consistir en transferencias económicas directas o la prestación directa de distribución de alimentos. Serán beneficiarias las familias con alumnado desde educación infantil hasta secundaria a quienes las comunidades autónomas o los servicios sociales municipales hayan concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente curso académico. Las ayudas se prolongarán mientras permanezcan clausurados los centros educativos, sin perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia.

El Ministerio de Hacienda autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito al ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por un importe de 300 millones que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales entre otros.

Así, el Fondo Social Extraordinario financiará proyectos y contrataciones laborales necesarias para el desarrollo de prestaciones como reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario; incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de telasistencia domiciliaria; trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario los servicios de rehabilitación; reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, y adquirir medios de prevención;

Los criterios de reparto se basan en el número de habitantes, dispersión de población en el territorio y población envejecida, y la mayor parte de estas medidas están dirigidas especialmente a los colectivos de más edad, aunque el Fondo Social se puede utilizar para cualquier política que las comunidades autónomas consideren imprescindible y urgente para atender a las personas especialmente vulnerables con motivo de esta crisis, informa la delegación del Gobierno.

 
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