23-03-2020 / 19:21 h EFE

La Asociacin de Personal Interino y Laboral de Extremadura (PILTEX) ha mostrado su satisfaccin por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, que avala la proteccin de los trabajadores que ocupan durante aos y de modo ininterrumpido un puesto de interino.

En un comunicado, critica que el colectivo de interinos y temporales en abuso de temporalidad llevan mucho tiempo luchando para que sus derechos sean reconocidos pero la Direccin General de Funcin Pblica de la Junta "y los sindicatos ms afines a ella" niegan lo que dictamina el propio estatuto que ellos desarrollaron.

Aade que ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de Unin Europea quien, mediante una sentencia firme, haya acudido al rescate de los aproximadamente 800.000 empleados pblicos que se encuentran en situacin irregular en todo el territorio nacional, 25.000 en Extremadura, 4.000 de ellos en la Junta de Extremadura.

PILTEx seala que el Tribunal de Justicia de la Unin Europea ha sido consciente del incumplimiento continuo y permanente de la Directiva 1999/70/CE por parte de la Funcin Pblica, al destinar empleados pblicos temporales a atender necesidades ordinarias y estables durante ms de 20 aos.

No obstante, seala que este rgano carece de competencias para fijar las sanciones correspondientes, por lo que debern ser los tribunales nacionales quienes determinen las penas adecuadas "ara reprimir el abuso".

PILTEx indica que puesto que la legislatura espaola no prev ni establece indemnizacin a favor de los empleados pblicos en caso de contratos ilegales por causa de temporalidad, a la administracin se le pone muy complicado cumplir con la sentencia europea, "por lo que no cabe ms opcin que la transformacin de la relacin temporal en una relacin fija, con derechos iguales o equivalentes que los funcionarios de carrera y laborales".

A su juicio, esta medida sera "la nica legal, eficaz, moral y coste cero para las arcas pblicas".

La PILTEx, que agrupa a unos 500 trabajadores, reconoce que todava no todo est conseguido, pues UGT, CCOO y CSIF en "en connivencia con Funcin Pblica" siguen abogando por llevar adelante la Oferta Pblica de Empleo (OPE) que pactaron y que ahora "se confirma como ilegal".

 
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