20-03-2020 / 16:02 h EFE

LA operadora de telecomuniaciones Euskaltelha suscrito este viernes el acuerdo entre el Gobierno y las principales empresas del sector para la ampliación de las medidas que garanticen la conectividad de personas y empresas durante lo que dure el estado de alarma por la enfermedad covid-19.

la operadora con sede en Bizkaia ha firmado este acuerdo junto con la compañía de infraestructuras Cellnex, y las otras cuatro grandes mayores operadoras del Estado, MásMóvil, Orange, Telefónica y Vodafone, y la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (Aotec).

La empresa vasca se compromete a hacer los mayores esfuerzos para garantizar la conectividad, las capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de respuesta ante incidentes, especialmente en lo que respecta a las redes que dan soporte a los servicios de emergencia.

El acuerdo establece compromisos adicionales para las empresas a los que ya recogía el decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias ante el covid-19 que fue publicado en el BOE el miércoles.

Durante el estado de alarma las llamadas realizadas al número de atención sanitaria 061 serán gratuitas para el cliente e igualmente gratuitas en interconexión para los operadores, asumiendo cada uno de ellos sus propios costes de red.

Además, Euskaltel se compromete a desarrollar medidas especiales para ampliar, sin coste adicional para el usuario, servicios asociados a los contratos de conectividad de telefonía móvil de los clientes particulares, autónomos y pequeños negocios, siempre sujeto a un uso adecuado del servicio y a que no se ponga en riesgo la prestación general del servicio.

También se compromete a mantener activos los canales de atención a los clientes, a enriquecer con contenidos adicionales los paquetes audiovisuales que ofrecen a sus usuarios y a contribuir a las medidas que desarrolle la Administración para el fomento del trabajo a distancia, enseñanza a distancia y atención sanitaria remota.

El acuerdo también recuerda la importancia de fomentar el uso responsable de los servicios de comunicaciones para que no se ponga en riesgo la integridad de las redes; en particular, la aplicación de las medidas legales contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos en comunicaciones electrónicas.

 
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