16-03-2020 / 18:02 h EFE

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) La Rioja ha reclamado en un comunicado que los poderes públicos hagan una protección reforzada, más intensa, para las personas con discapacidad y sus familias en las medidas que se adopten contra los efectos de la pandemia de coronavirus.

Esta organización incide en que debe garantizarse la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicaciones que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia; si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no llegarán a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad.

Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad exige al Gobierno de La Rioja, como responsables de los servicios sociales que, durante las clausuras, cierres y suspensiones de servicios, la financiación de la administración pública continúe.

Así, inciden, no se haría "recaer el quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor".

En relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que se cree para los progenitores que deban permanecer en domicilio cuidando a sus hijos cuyos colegios o centros de atención social hayan cerrado, el CERMI-La Rioja pide que se incremente un 25 % si estos tienen reconocida discapacidad.

Consideran que no basta que la prestación esté pensada solo para cierres de colegios, también de centros de servicios sociales pues muchas personas con discapacidad reciben asistencia en esa tipología de recursos, que deben tener la consideración asimilada a centros lectivos.

En el ámbito de la inclusión laboral, y respecto de los centros especiales de empleo de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el CERMI-La Rioja plantea que se eleve transitoriamente la subvención del Salario Mínimo Interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción al 65 %.

En todo caso, el CERMI-La Rioja pide a los poderes públicos que extremen el diálogo civil y las consultas y escucha activa con el sector social de la discapacidad en la gestión de esta crisis de salud pública, "para que esta parte de la ciudadanía no quede desprotegida o en posición de mayor exposición a los efectos de la pandemia", concluyen.

 
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