07-03-2020 / 11:10 h EFE

La Federación Extremeña de Alternativa Sindical ha convocado una concentración el próximo 24 de marzo ante la Delegación del Gobierno en Badajoz para protestar por la sustitución de los vigilantes de seguridad de Ombuds por policías y guardias civiles en quince cárceles españolas, entre ellas las extremeñas.

En un comunicado, los organizadores de la protesta han señalado que estos trabajadores se encuentran "todos ahora mismo ante una situación de desempleo y encaminados a un ERTE".

Según ha asegurado, la propia Guardia Civil y la Policía Nacional reconocen que "no pueden garantizar la seguridad en las prisiones, ni siquiera garantizan el traslado de los presos al no disponer del personal necesario".

Esta "chapuza administrativa" del Gobierno de España va a dejar "a cientos de vigilantes de seguridad en el paro y no va a resolver los problemas de seguridad en las prisiones", ha lamentado el portavoz nacional de Alternativa Sindical, Alberto García.

El Ministerio de Interior destinó a inicios de 2020 a 240 policías y guardias civiles a la custodia de quince prisiones, entre las que se encuentran las de Extremadura, después de que Ombuds terminase su contrato el 31 de diciembre y no se presentase ninguna empresa al concurso que ofertaba el servicio de seguridad de esas cárceles.

Por eso, Alternativa Sindical ha exigido al Ministerio del Interior que convoque un concurso por "el procedimiento de urgencia", dotado de "la cuantía económica suficiente" para cubrir estos puestos de trabajo a través de empresas de seguridad privada "cumplidoras y decentes que cumplan con sus trabajadores, así como con sus clientes, Seguridad Social y Hacienda".

En protesta por esta situación, ha convocado una concentración el 24 de marzo, a las 12:00 horas, ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, con sede en Badajoz.

En ella, Alternativa Sindical, sindicato profesional mayoritario en el sector de la seguridad privada, y los trabajadores extremeños pedirán al Ministerio que revierta esta decisión y que "prolongue el contrato de Ombuds, mes a mes, hasta la nueva adjudicación para garantizar la continuidad del empleo de los vigilantes".

El sindicato seguirá manteniendo conversaciones con empresas de seguridad e instituciones, además de mantener la presión en la calle, para que la sustitución de Ombuds "revierta en garantías de empleo para el personal afectado".

"Las Administraciones Públicas no pueden dar la espalda y permanecer inmóviles ante los problemas que genera una contratación pública irresponsable, donde el único criterio tenido en cuenta sea la oferta más económica", ha apostillado Alberto García.

 
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