02-03-2020 / 13:43 h EFE

id, 2 mar (EFECOM).- España tendrá que resarcir a un grupo de empresas (PV Investors) por la retirada de ayudas a las energías renovables con 90 millones de euros, cifra muy inferior a los 520 millones que pedían, según el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).

El arbitraje con el que éste órgano da por cerrado el contencioso señala también que el coste del arbitraje, que asciende a casi 2,5 millones de euros, se reparta de forma equitativa entre las partes.

Uncitral entiende que con la reforma del sector energético que se desarrolló en España entre 2010 y 2014, que entre otras cosas incluyó la retirada de ayudas a las energías renovables para hacer frente al déficit de tarifa, España vulneró en parte la Carta de la Energía, que data de 1994.

El Tratado de dicha Carta reconoce a los países firmantes el reconocimiento mutuo de ciertos principios, entre ellos la defensa de un trato justo y equitativo en materia de inversiones energéticas.

En caso de que una empresa de uno de los estados firmantes considere que otro han vulnerado este principio puede pedir una compensación por daños y perjuicios, como en su momento hicieron varios grupos, algunos de forma conjunta como en el presente caso, contra España.

Ahora, Uncitral reconoce el derecho de las empresas reunidas en PV Investors a recibir una compensación, si bien muy inferior a la que reclamaban, que superaba los 520 millones de euros.

Precisamente las compañías agrupadas bajo la denominación de PV Investors fueron las primeras en demandar al Estado por esta cuestión, en noviembre de 2011.

Uncitral destaca en su fallo que las medidas adoptadas por el Gobierno de España no eran ni desproporcionadas ni sin fundamento, y recuerda que en el momento en el que se decidió modificar el régimen de energías renovables el país tuvo que optar por un modelo sostenible.

Dichos cambios, añade Uncitral, no suponían una violación de la Carta de la Energía, ya que a las empresas demandantes se les reconoció su derecho a percibir una compensación justa.

También rechaza las pretensiones de los demandantes sobre la falta de transparencia del Gobierno en la aplicación de la reforma de 2013, ya que a lo largo del proceso se realizaron consultas públicas con los implicados.

 
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