28-02-2020 / 14:00 h EFE

La asociación Abusos Urbanísticos Andalucía-NO" (AUAN) ha propuesto al Gobierno andaluz la creación de una Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Andalucía al entender que "ha fallado el sistema de la disciplina urbanística" en la comunidad, en la que hay "unas 327.000 viviendas irregulares".

Así consta en un documento de aportaciones y sugerencias al proyecto de Ley del Suelo en Andalucía, que elabora la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, al que ha tenido acceso Efe, en el que el portavoz y abogado de AUAN, Gerardo Vázquez, sugiere que se imite en este caso el modelo ya establecido en Galicia.

En este sentido, el colectivo afirma que el sistema de la disciplina urbanística andaluz debe ser "eficaz y dotado de medios para que funcione adecuadamente".

"Parte del problema es la cercanía de los responsables de ejercer la disciplina urbanística, generalmente los ayuntamientos, a los infractores, sus votantes", según este colectivo, que señala que muchas veces los Ayuntamientos "ni tienen el personal suficiente, ni los medios, para ejercer la disciplina urbanística de forma eficaz".

En este sentido, apuntan que en Galicia se ha creado la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), un "ente público está adscrito a la Consejería competente" al que los consistorios gallegos se adhieren a través de convenios, siendo dicha entidad la que ejerce las competencias de "restablecimiento de la legalidad urbanística".

AUAN también pide que se introduzca en la legislación un artículo relativo a los "derechos fundamentales en el urbanismo", entre ellos "el derecho a la propiedad, el derecho a una vivienda digna, el derecho al agua, y el derecho al respeto a la vida privada y familiar".

También consideran que se deben plasmar en el nuevo anteproyecto las disposiciones contenidas en el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía.

Sugieren que también se debe aclarar en dicho anteproyecto que el reconocimiento de AFO (asimilado al de fuera de ordenación) "arrastra" a la parcela donde se sitúa la edificación irregular para la que hubiera transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística.

En cuanto al ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística, se debe disponer que se aplicará el plazo de caducidad de la infracción que estuviese en vigor en la fecha de la terminación de la obra o finalización del acto, sin que este plazo de caducidad se pueda considerar alargado, o hecho indefinido, por un posterior cambio en la clasificación del suelo, según el documento.

 
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