25-02-2020 / 17:00 h EFE

La plataforma vecinal Güeñes Bizia ha logrado superar los 10.000 euros en donaciones, que les permitirá continuar con el procedimiento judicial contra la actividad de la planta de Glenfaran que, a su entender, representa un peligro para la salud de los vecinos de su entorno.

Un representante de esa agrupación ha expresado a Efe su agradecimiento a todos quienes han participado hasta el momento en esa campaña para recaudar fondos con los que podrán continuar con el proceso, y ha confiado en superar los 19.000 euros que se han marcado como reto del "crowdfunding solidario".

Güeñes Bizia presentó una denuncia para que se cambie la actividad de la planta de Glefaran.

Desde 2016, esa asociación ha advertido de las consecuencias que tiene en la salud de los vecinos de esa localidad la puesta en funcionamiento de la planta de combustión de biomasa de madera Glefaran, ubicada entre Güeñes y Zalla.

La plataforma se constituyó para intentar descubrir si estas emisiones de esa planta, que cubrían de negro coches, balcones y calles de la zona, podían ser perjudiciales para la salud.

"Cuatro años después, sabemos que las emisiones de este tipo de combustión son altamente contaminantes y que durante todo este tiempo hemos estado respirando aire contaminado", han indicado.

Han denunciado "la inacción de las instituciones para salvaguardar el derecho a la salud" de los vecinos de la comarca.

Güeñes Bizia ha exigido a la empresa que cambie su actividad o que se la lleve a una zona alejada al menos 5 kilómetros de núcleos de población, que es lo que recomienda la OMS para este tipo de instalaciones.

La plataforma, junto a otra asociación de Zalla, ha organizado varias conferencias con los autores de un informe técnico en el que se avisaba del peligro de residir junto a esa planta, y ha desarrollado movilizaciones y hasta una huelga de hambre de uno de sus representantes para exigir que finalicen esas emisiones.

Además, la plataforma ha interpuesto una denuncia contra la actuación de tres responsables políticos, y el juzgado de Balmaseda que instruye el caso ha reclamado una fianza de 5.000 euros por cada uno de ellos, como paso previo a la admisión de su personación como acusación popular.

Asimismo, deberán cubrir el coste de los servicios de abogado y procurador para poder llevar adelante esa personación con garantías, lo que suma un total de unos 19.000 euros que la plataforma no posee y, por ello, ha puesto en marcha la iniciativa de la cuestación popular a través de donaciones.

De no lograr esa cantidad, la asociación se plantearía dirigir el procedimiento solo a uno de los denunciados.

Según su denuncia, "el Gobierno Vasco no ha aplicado el principio de precaución sanitaria ante el riesgo de las emisiones de Glefaran que tendría que haber aplicado en la concesión de AAI (Autorización Ambiental Integrada), plagada de irregularidades" y han pedido el cese de su actividad industrial.

 
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