24-02-2020 / 14:01 h EFE

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha denunciado la falta de plazas suficientes en la Comunidad en residencias públicas para mayores e incidido en la necesidad de "repensar" las actualmente existentes mediante un programa especial de análisis con el que hacer frente a esta situación.

Dolado ha hecho esta afirmación durante la presentación, en rueda de prensa, de la Memoria de Actividades de El Justicia correspondiente a 2019, que cifra en 1.560 el número de expedientes tramitados, que agrupan tanto quejas individuales como colectivas que afectan, en algún caso, a más de mil personas.

En su balance de actuaciones y de iniciativas pendientes, el representante ha hecho especial hincapié en la situación de las residencias públicas para la Tercera Edad en Aragón, subrayando que en el año anterior se crearon "unas escasas 200 plazas nuevas".

Tras subrayar que esta es "la mayor preocupación existente, no sólo en Aragón, debido al envejecimiento de la población, sino en toda España, ha reclamado un programa especial basado en la concertación que permita "repensar" el actual número de plazas existente.

Como ejemplo, Dolado se ha referido a la existencia de numerosos mayores con grado 3 de dependencia, "personas -ha añadido- que están muy mal a las que no les queda mucho tiempo, o sí", que ocupan puestos con números muy alejados para acceder a las residencias zaragozanas de "Romareda", "Delicias" o "Nuestra Señora del Carmen".

"Unas personas de éstas -ha explicado- están ocupando el puesto, 264, el 228 o el 179, y saben positivamente que nunca obtendrán plaza en estas residencias, que son la joya de la corona".

Otros de los temas por los que ha expresado preocupación son la vivienda, con más de cuatro años sin "prácticamente" ampliarse las bolsas de alquiler social y con los programas de ayudas a la emancipación "desaparecidos", y el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), en torno al cual, ha destacado, sigue si constituirse la Junta de Reclamación Administrativa y Económica del Ayuntamiento de Zaragoza.

También ha reivindicado una dotación de mayor personal para la Comisión Tutelar de Incapacitados del Gobierno aragonés, una oficina "absolutamente desbordada", aunque se ha mostrado contrario a la externalización del servicio al ser una función a realizar por la administración autonómica.

En la actualidad, ha destacado a este respecto, un sólo funcionario lleva cien expedientes, una situación que Dolado ha comparado con la de "un padre que tuviera cien hijos y tuviera que dar cuenta de todos ellos cada año".

Además, el responsable de la institución de El Justiciazgo se ha referido al trabajo desarrollado en mediación, con ocho conflictos sobre nueve pactados y acordados entre las partes, o a su participación en mesas interinstitucionales sobre la problemática derivada del ocio en Zaragoza o de los conflictos sociales y de orden público registrados en el barrio del Perpetuo Socorro de Huesca.

Una de las cuestiones que ha resaltado, por otra parte, son las dos quejas tramitadas en relación trastornos de conducta alimentaria de jóvenes en la práctica de deportes como el taekwondo o las competiciones de karts debido a la necesidad de ajustarse a pesos determinados.

Dolado ha resaltado que "nunca" va a poner en peligro la salud de deportistas jóvenes, y, por tanto, el número de kilos sobre un kart, "será el que sea, pero no es aceptable si entra en colisión con el derecho a la salud".

En relación al funcionamiento de la Institución, El Justicia ha explicado que los expedientes tramitados derivaron en 243 sugerencias y 18 recomendaciones a las administraciones, de las que un 16 % fueron desatendidas y en torno a un 70 %, una vez finalizada la tramitación de las correspondientes a 2019, estimadas.

Ha explicado que en los casos en que las administraciones no contestan a las peticiones de información de El Justicia, se envían hasta tres requerimientos, el último firmado por el propio Dolado y con acuse de recibo, con la posibilidad de actuar judicialmente sobre los responsables.

A pesar de que algunas administraciones no contestan pero asumen "indirectamente" las recomendaciones, El Justicia ha admitido la posibilidad de actuar por vía penal (desobediencia) en algunos de los casos, "una bala o cartucho en la recámara que no digo que no vaya a emplear".

 
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