17-02-2020 / 19:00 h EFE

El proceso para elegir a los compromisarios de la Asamblea de Cs, que renovará la dirección del partido, ha arrancado este lunes al abrirse el registro de los candidatos, que serán elegidos el fin de semana por la militancia (los afiliados con derecho a voto ascienden a 20.979 personas).

Aunque el censo total de militantes se eleva a 27.402, han confirmado a EFE fuentes de la formación, son 20.979 los que podrán participar en todo el proceso porque cumplen con los requisitos de estar al corriente del pago de la cuota y tener una antigüedad en el partido de al menos seis meses.

La cifra no está muy alejada de los afiliados que participaron en la asamblea anterior, la de 2017, cuando el partido eligió por primera vez en primarias a su líder, entonces Albert Rivera, ya que pudieron votar 20.078 Madrid, 17 feb El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha comprometido a presentar antes de fin de año un anteproyecto de ley que atribuya la instrucción de las causas penales a la Fiscalía en lugar de al juez, en el marco del plan que ha denominado "Justicia 2030" y que ha dado a conocer este lunes.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el titular de Justicia ha informado de que pretende presentar este anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

Y lo ha enmarcado en su "Plan Justicia 2030", que también presentará al Gobierno "en un plazo máximo de tres meses".

Acabar con la instrucción de los jueces es uno de los objetivos que se ha marcado el titular de Justicia para "deslindar" las funciones de investigación de los "juzgadores" en un contexto en el que ha abogado por "actualizar" el sistema de enjuiciamiento criminal y "superar" así una "legislación decimonónica".

Frente a anteriores intentos que no se llegaron a concluir, el ministro ha dicho tener la "esperanza" de que se pueda culminar este proyecto, que ha calificado de "reto nacional" y que forma parte de su "Plan Justicia 2030", que ha definido como un "método de trabajo de carácter incluyente", orientado a planificar medidas encaminadas a "reformar un sistema de Justicia" para convertirla en "un verdadero servicio público".

Entre sus objetivos también, "desarrollar el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas" a través del fomento de "las soluciones extrajudiciales para la resolución de conflictos" y "reformas procesales para afrontar los pleitos en masa".

El ministro, que ha recordado que fenómenos como "las cláusulas suelo o las reclamaciones por retrasos a las aerolíneas colapsan nuestros tribunales", se ha comprometido en trabajar para incorporar el mecanismo conocido como "sentencia testigo" en el ámbito civil y mercantil, un mecanismo que permitirá extender los efectos de las sentencias ya dictadas, "más allá de las personas reclamantes".

 
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