13-02-2020 / 15:12 h EFE

El diputado de IU en las Cortes, Álvaro Sanz, ha pedido al Gobierno de Aragón que haga "lo posible y lo imposible" para evitar la deslocalización de la fábrica de Schindler de Zaragoza y garantizar, llegado el caso, la veracidad de las causas que aduce la empresa para plantear despidos.

Ante el anunciado despedido de 119 trabajadores por la empresa, Sanz ha preguntado en el pleno por las medidas previstas por el Gobierno de Aragón al vicepresidente y responsable de Industria, Arturo Aliaga, quien ha asegurado que el ejecutivo está totalmente implicado en este asunto "desde el minuto cero".

El diputado de IU ha arremetido con una reforma laboral que permite expedientes de regulación de empleo "a la carta" y ha recordado el acuerdo unánime ayer mismo en el pleno por el que se insta al Gobierno de Aragón a evitar el cierre y a acompañar para que en la negociación, de darse ese resultado, sea en las condiciones más favorables posibles para la plantilla.

Aliaga ha insistido en que el Gobierno se ha implicado en este asunto, y lo está al cien por ciento, y que él mismo se ha reunido con el comité de empresa para analizar la situación desde el planteamiento inicial de la empresa de despedir a 119 trabajadores.

En todo caso, según sus últimos datos, se han planteado recolocaciones para unas 26 trabajadores, se pueden conseguir 30 prejubilaciones al alargarse el periodo de cierre hasta noviembre y se está tratando acerca de la certificación de cualificación en mantenimiento de ascensores para que puedan tener salidas profesionales.

Además, ha asegurado que se está trabajando con alguna otra empresa porque hay trabajadores "muy cualificados", como soldadores o torneros, para que el impacto sea "lo mínimo posible".

Sanz ha valorado esos esfuerzos dirigidos a minimizar el impacto, pero ha insistido en que el objetivo primero es evitar el cierre o que no éste no sea total.

En ese aspecto, ha apelado a que se pongan todos los medios materiales y humanos para comprobar la veracidad de las causas productivas y organizativas que aduce la empresa y si se encuentra algún indicio contrario, "actuar en consecuencia".

Para Sanz, "hay que ir al fondo" porque se trata de una deslocalización y hay jurisprudencia que dictamina que éstas no son motivo de expedientes de regulación de empleo, y por tanto "son ilegales como tal".

Aliaga ha apuntado, en ese sentido, que la autoridad laboral podrá examinar la documentación en el momento en el que el expediente de regulación de empleo se presente y ha reiterado que el Gobierno de Aragón está "totalmente implicado".

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Agosto 2020
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD