13-02-2020 / 14:23 h EFE

Oviedo, 13 feb El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este jueves el acuerdo por el que se determinan los servicios y programas susceptibles de ser prestados por entidades del tercer sector, que amplía las prestaciones que realizan y supone un primer paso en la aplicación de la Ley de Acción Concertada aprobada por la Junta General en 2019.

Según ha señalado en rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, la norma permitirá "mantener e impulsar un modelo sostenible y cohesionado en la prestación de los servicios sociales, que pasa por la cooperación con estas entidades".

El acuerdo avanza en el establecimiento del régimen jurídico de la gestión indirecta de los servicios sociales mediante la acción concertada, que permite que la prestación por las entidades del tercer sector se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos siempre que asegure el principio de no discriminación en el régimen jurídico del concierto, se ajuste al principio de transparencia, y garantice una publicidad suficiente.

De esta forma, se aplicará sin límites, ni cuotas, ni procedimientos competitivos, de manera que se concedan licencias o autorizaciones a todas las organizaciones que cumplan las funciones previamente fijadas.

Las medidas que serán objeto de la acción concertada son todas las dirigidas a prevenir la exclusión social; promover la autonomía personal, la participación social y el desarrollo comunitario; el apoyo a las familias y a las personas dependientes; la protección a menores y a personas que no pueden valerse por sí mismas y el fomento la inserción social de quienes tienen necesidades especiales por una discapacidad.

Esta regulación, según la portavoz del Gobierno, es similar a la promulgada en comunidades como Aragón, Navarra o Valencia y se ampara en la normativa europea de Contratos del Sector Público, transpuesta ya ordenamiento español en 2017.

Esas normas prevén la posibilidad de que las autonomías concierten mediante instrumentos no contractuales aquellos servicios públicos que satisfacen necesidades de carácter social.

El desarrollo de la Ley de Acción Concertada aprobada en 2019 exigía que previamente se determinasen los servicios que pueden prestar las entidades del tercer sector, medida que ha sido aprobada hoy y a la que seguirá la tramitación en la Junta General del proyecto de ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, el primero aprobado por el Ejecutivo en esta legislatura.

La futura normativa permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad y buscará, entre otros objetivos, ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las diferentes administraciones. EEF

rm/mfc

 
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