05-02-2020 / 19:51 h EFE

El año pasado se detectaron 4.310 pensiones cobradas de forma fraudulenta de beneficiarios que ya habían muerto, lo que obligó a los bancos a devolver a la Seguridad Social 9,3 millones de euros. El fraude es sensiblemente inferior al de 2008, cuando ascendió a 68,2 millones de euros.

Son datos aportados a Efe por la Seguridad Social, a la que compete el reconocimiento, el control y el mantenimiento de las prestaciones y que en los últimos años ha incrementado el control sobre el fallecimiento de pensionistas mediante el intercambio diario de datos con el Ministerio de Justicia.

Hoy, la Policía ha dado a conocer que a lo largo de 2019 destapó un fraude de 6 millones de euros en 21 provincias españolas en las que se realizaron 12.586 abonos indebidos. Hubo once detenidos, incluido un empleado de banca.

Buena parte de esas pensiones se cobran desde hace décadas y están aflorando ahora, muestra, según las fuentes de la Seguridad Social, del resultado de las labores de control que realiza y de las posteriores investigaciones policiales.

De hecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social cree que el riesgo actual de que no se detecte un fallecimiento con un desfase temporal de cuatro años es "mínimo o inexistente".

Los controles han ido siendo más efectivos a medida que se han ido informatizando los registros civiles desde 2009.

Hoy en día, Justicia comunica a la Seguridad Social alrededor del 90 por ciento de las muertes con un desfase inferior a seis días y se produce la baja automática de la pensión en la base de datos sin necesidad de que intervenga ningún usuario.

Los datos muestran una mejor de los controles, hasta el punto de que mientras en 2008 el número de pensiones que se abonaron con posterioridad al óbito se elevó a 75.866 (es decir, un 0,9 por ciento del número medio de pensiones en vigor en ese momento), en 2019 se solicitó retrocesión (devolución) sobre 4.310 pensiones, que representan un 0,04 % del total.

De este modo, el importe que las entidades bancarias han tenido que abonar a la Seguridad Social en virtud de los acuerdos con ellas ha pasado de 62,2 millones de euros a 9,2 millones.

Esos acuerdos establecen que las cantidades sobre las que se solicita la retrocesión deben ser abonadas a la Seguridad Social y que la obligación se extiende a las últimas 48 mensualidades (4 años) que pudieran haber sido cobradas después del fallecimiento del pensionista.

Las fuentes añaden que el intercambio electrónico con el Ministerio de Justicia se complementa con los procedimientos de control de defunciones a nivel provincial a través de acuerdos locales con cementerios, tanatorios, funerarias y registros civiles.

Asimismo, se tiene en cuenta, como mecanismo de control adicional de defunciones, la recepción de ficheros del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto de los pensionistas residentes en el extranjero, las fuentes recuerdan que se exige la acreditación de vivencia con una periodicidad anual mediante la presentación de la fe de vida preceptiva durante el primer trimestre de cada año.

 
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