05-02-2020 / 15:30 h EFE

Cerca de 800 empleados públicos en "fraude de ley" de la Comunitat Valenciana participarán el próximo 15 de febrero en Madrid en la manifestación convocada para exigir una "solución definitiva a la precariedad y temporalidad en la que vivimos, algunos desde hace décadas".

Empleados públicos valencianos de sectores como sanidad, educación, justicia, ciencia, servicios sociales, cultura, vivienda, turismo, policía o bomberos recorrerán las calles de la capital tras una pancarta de cinco metros con la frase "Comunitat Valenciana ¡¡Fijeza ya"!!", según fuentes de la organización.

La protesta, convocada por el Colectivo de empleados públicos temporales en fraude de ley, reclama una "solución definitiva" a la "precariedad y temporalidad" que les afecta desde hace décadas.

"No hay partidos políticos, ni abogados, ni sindicatos mayoritarios detrás de este colectivo. Convocamos unas pocas personas embarcadas en esta preciosa locura", señalan en un comunicado.

Según denuncian, el "fraude de ley nos ha mantenido años y años como emplead@s temporales en tareas que sabemos son estructurales" y el Estado español "hace caso omiso de la legislación de la Comunidad Europea, a la que está obligada, y nos mantiene precarios".

Aseguran que su casuística "es múltiple" ya que hay empleados que encadenan "contratos sucesivos de breve duración, laborales e interinos con media vida en un mismo puesto cuya plaza jamás ha sido ofertada u opositores eternos que una y otra vez han superado exámenes con nota en convocatorias intencionadamente exiguas en número, por lo que nunca han podido obtener plaza".

"Tenemos que recuperar la conciencia de la valía de nuestro trabajo, de lo que supone nuestra experiencia, dedicación, y vocación de servicio público. Tenemos que recuperar la dignidad", aseguran.

Amparo Jorge y Olga Vallejo, trabajadoras del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) y que coordinan a los empleados públicos valencianos que acudirán a Madrid, aseguran que los empleados laborales en fraude de ley son "los primeros de los que se quieren deshacer, alegando una estabilidad que es mentira. Somos trabajadores de usar y tirar".

Añade que están "15, 20 y 30 años trabajando juntos, siendo en muchos casos sus únicas familias. Nos quedamos sin trabajo y estando en fraude de ley, sin indemnización. Todo porque nuestros políticos necesitan lavar su imagen".

 
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