29-01-2020 / 18:00 h EFE

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzgó la pieza política de los ERE, ya tiene por preparados los recursos de casación de los diecinueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados, a los que ha dado quince días para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

En un auto dictado este miércoles y facilitado a Efe por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sala informa de que la petición de tener por preparado el recurso de casación "ha sido deducida en tiempo y forma" por todos los condenados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los magistrados también emplazan a las partes para que en el plazo de quince días comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que les informará del plazo para presentar sus recursos, y ordenan que se expida al alto tribunal la certificación de su sentencia, dictada el pasado 19 de noviembre.

El primero en manifestar su propósito de recurrir la sentencia, el pasado 26 de diciembre, fue Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia y condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

El último en hacerlo, el 23 de enero, fue Miguel Ángel Serrano, ex director general de las agencias IFA e IDEA y condenado a 6 años, 6 meses y un día de prisión por malversación y a 17 años y un día de inhabilitación absoluta por prevaricación.

El expresidente de la Junta Manuel Chaves lo anunció el 20 de enero después de ser condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, al considerar el tribunal que era "plenamente consciente de la patente ilegalidad" de los hechos juzgados, "en los que participó".

En su escrito, la defensa de Chaves indica que la sentencia "ha vulnerado" sus derechos a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, a lo que añade que el tribunal aplicó indebidamente los artículos referidos al delito de prevaricación, entre otros.

En la sentencia, el tribunal recuerda que Chaves presidía la Junta "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en 2000" y que "la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión política del Gobierno en su conjunto".

Así pues, "cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas" tenía que "que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta".

El otro expresidente procesado, José Antonio Griñán, condenado a 6 años y 2 días de prisión y 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por malversación y prevaricación, anunció el 8 de enero su intención de recurrir la sentencia de la pieza política de los ERE por infracción de ley, error en los hechos probados o falta de claridad, entre otros motivos.

El exconsejero Antonio Fernández, uno de los ex altos cargos peor parados al ser castigado con 7 años, 11 meses y un día de prisión más 19 años, 6 meses y un día de inhabilitación absoluta, es quien más motivos ha formulado para recurrir la sentencia, en concreto veintidós.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, decidió no recurrir la sentencia, que recogió la mayor parte de sus tesis.

 
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