29-01-2020 / 14:43 h EFE

La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la nueva Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la mina de cobre de Riotinto (Huelva), operada por la empresa Atalaya Riotinto Minera, cuyos trámites se iniciaron tras anular el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la anterior por un defecto de forma.

La administración autonómica ha notificado a la empresa el Dictamen Ambiental que considera "favorable" la AAU de la explotación onubense y que es emitido en ejecución de la sentencia del TSJA de Andalucía de 19 de septiembre de 2018, que declaraba anulable el permiso ambiental emitido en 2014 para las actuaciones mineras del Proyecto, ha informado la compañía en un comunicado.

Según la hoja de ruta comunicada a Atalaya se espera que, en los próximos días y una vez finalizado el trámite de audiencia legalmente previsto, la administración emita una nueva resolución convalidando la AAU favorable.

Corresponderá entonces a la autoridad minera convalidar la Resolución de reinicio de los trabajos en la Mina de Riotinto, de 23 de enero de 2015.

Este permiso de explotación fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 24 de abril de 2019, como consecuencia de la Sentencia de 2018, al considerar que el proyecto minero carecía del previo permiso ambiental.

Una vez se realice esta última actuación administrativa por parte de Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la mina de Riotinto habrá reestablecido la validez y eficacia de todos sus permisos administrativos.

Hay que destacar que el Dictamen Ambiental recién emitido, como se esperaba, reproduce los condicionantes técnicos ambientales impuestos a la actividad ya en el año 2014: toda la documentación presentada por ATALAYA había sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de los distintos órganos administrativos ambientales, y los resultados ya formaban parte de las prescripciones ambientales dispuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental de la mina.

Además, frente a la exigencia de cierre de la mina expresada por los colectivos ecologistas, el nuevo dictamen especifica que para que pueda ordenarse una paralización de la actividad en el complejo minero debían de cumplirse determinados requisitos que no concurrirían en el caso.

 
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