29-01-2020 / 12:30 h EFE

Las entidades que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía han presentado este miércoles, en el marco del pacto andaluz del agua que promueve la Junta, un decálogo para la transición hídrica justa y el derecho humano al agua.

Estas entidades (CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, CIREF, Fundación SAVIA, Fundación NCA, Red Andaluza de la NCA) valoran el "interés y la oportunidad para debatir el modelo de gestión del agua en un momento histórico como el actual, con el cambio climático y la crisis de seguridad hídrica como telón de fondo".

La Mesa Social de Agua defiende que el Pacto Andaluz por el Agua, que ahora comienza a debatirse, debe incorporar principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública y los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental.

En el decálogo plantean reorientar la política del agua de Andalucía hacia un "nuevo modelo de uso y aprovechamiento del agua, sostenible en términos ambientales y sociales, siendo imprescindible iniciar una transición hídrica justa".

Para ello, abogan por abrir un "debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados" y también sobre las inversiones requeridas para aumentar la eficiencia y resolver los "importantes déficits en la depuración de aguas residuales".

Igualmente, estas entidades consideran fundamental realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen los pueblos y ciudades para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar.

Del mismo modo, defienden la necesidad de "redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío, el apoyo a pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional".

Esta reorientación requiere el desarrollo de modelos de agricultura y ganadería ecológica y de baja huella hídrica, así como a la redistribución del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral, señala en el decálogo.

También es necesario apoyar la reutilización de aguas regeneradas y la desalación para sustituir extracciones en los ríos y acuíferos actualmente sobrexplotados, así como el establecimiento de tarifas volumétricas en el sector que incentiven el ahorro de recursos y la aplicación de instrumentos como los bancos de agua bajo un estricto control de las administraciones públicas, según la mesa social del agua.

Asimismo, sostiene que el pacto del agua "debe asumir y hacer prevaler el derecho humano al agua y la gestión pública frente a los problemas de pobreza hídrica y privatización de servicios públicos" y para ello es "preciso dotar al ciclo urbano del agua de un marco regulatorio que garantice un buen y justo servicio para la ciudadanía, tomando como referencia el Proyecto de Reglamento del Ciclo Urbano del Agua de Andalucía".

 
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