28-01-2020 / 15:31 h EFE

La Sindicatura de Greuges trasladará a la Fiscalía el comportamiento de aquellos representantes públicos, sobre todo alcaldes, que "se niegan sistemáticamente a colaborar" y a facilitar información a esta institución, y buscará su inhabilitación.

Así lo ha anunciado el síndic de Greuges, Ángel Luna, en Les Corts Valencianes, donde ha comparecido en la comisión de Peticiones para presentar el informe anual de gestión de la institución correspondiente al año 2018.

"No es posible que algo que es tan sencillo como facilitar la información de la que se dispone, alguien se considere en una situación de privilegio de que la información es suya y que no tiene porque compartirla", ha afirmado Luna.

Ha dicho que en pleno siglo XXI esto, que no cuesta dinero, "no es de recibo" y por ello, la Sindicatura empezará a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 402 de Código Penal y recurrirá a la Fiscalía para denunciar esos comportamiento y buscar la inhabilitación los responsables públicos que no colaboren.

Ha asegurado que el derecho a la transparencia y a la participación es un asunto que les preocupa mucho, pues entre 2017 y 2018 se han incrementado en más de un 40 % las quejas por falta de transparencia en toda las Administraciones Publicas.

El síndic ha situado a la pobreza, los menores y las mujeres víctimas de violencia de género como unas de sus principales preocupaciones, y ha destacado que aunque las quejas por cuestiones relacionadas con la dependencia han disminuido un 14 %, sigue habiendo un problema en este ámbito.

En este sentido, ha afirmado no saber si es responsabilidad de los ayuntamientos o de la Conselleria de Igualdad pero lo cierto es que "un ciudadano que tiene derecho a tener un programa individual de atención en materia de dependencia en seis meses, pasan dos años y no lo tiene".

Luna también ha destacado que aun siguen esperando en la Sindicatura el Plan de Estrategia Inicial de la Infancia y la Adolescencia, pues la ley no especifica fecha para su desarrollo, y ha criticado que el regalo que se ofrece a los menores tutelados por la Generalitat cuando cumplen 18 años sea "ponerlos en la calle".

Otra de las preocupaciones del síndic es la puesta en marcha de la ley de la Función Social de Vivienda, pues, según ha constatado, los avances "siguen siendo muy escasos".

Por otra parte, el síndic ha señalado que el 80 % de las quejas en educación son colectivas y la mayoría está relacionada con la finalización de conciertos educativos, aunque ha señalado que ninguna ha tenido resolución de la Sindicatura al haberse abierto al mismo tiempo actuaciones judiciales.

 
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