27-01-2020 / 16:00 h EFE

Veintinueve de los cincuenta acusados de participar de contratos falsos para regularizar su situación en España y de cobrar prestaciones por desempleo entre 2009 y 2012 han aceptado la pena propuesta por el fiscal de tres meses y un día de prisión y tres meses de multa con una cuota diaria de tres euros.

Este lunes ha quedado visto para sentencia un macrojuicio celebrado por el Juzgado de lo Penal número uno de Segovia a cincuenta acusados, de los cuales 37 han declarado en la vista oral celebrada de manera excepcional en el Instituto Nacional de la Seguridad Social debido al volumen de acusados y letrados.

El fiscal ha modificado sus conclusiones para pedir que se contemple una atenuante por dilaciones indebidas cualificado -y no ordinario como se había contemplado en un principio- puesto que el procedimiento estuvo paralizado desde 2013 hasta 2016 y otros 18 meses entre 2018 y 2019.

Aplicado este atenuante, el fiscal ha pedido para 29 de los acusados que han reconocido la comisión del delito de falsedad de documento oficial la pena de tres meses y un día de prisión y tres meses de multa de tres euros al día, en lugar del año de prisión y ocho meses de multas iniciales.

Para siete acusados que no han reconocido los hechos pero a los que el fiscal aún considera culpables de los mismos delitos, el Ministerio Público ha pedido cinco meses y 29 días de prisión, además de cinco meses y 28 días de multa de 12 euros al día.

El principal acusado del proceso es H.M.P., ciudadano español y vecino de Segovia considerado culpable de realizar los contratos ficticios como gerente de la empresa "Subcontratas y Obras Doble JH" entre 2009 y 2012, hechos que él mismo ha reconocido este lunes en la vista oral.

Para este acusado, además de la modificación del atenuante por la demora del proceso, se ha cambiado la calificación a un delito continuado de falsedad documental y otro continuado de defraudación a la Seguridad Social, por lo que en total el fiscal pide dos años y cinco meses de prisión, en lugar de los tres años y medio iniciales.

También se ha pedido el pago de una multa de seis meses y 170.847 euros, en lugar del millón de euros inicial al que se calculaba que ascendía lo defraudado.

Los abogados de los acusados que se han reconocido culpables han mostrado la conformidad alcanzada y los letrados de aquellos que se han declarado inocentes han pedido la absolución, al insistir en que los trabajadores no tenían conocimiento de que los contratos eran falsos y ellos confiaban en realizar los servicios.

 
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