25-01-2020 / 10:30 h EFE

Colectivos LGTBI y asociaciones de familias de menores transexuales exigen al Gobierno de Aragón el desarrollo de la ley de identidad, conocida como ley trans, y de la de protección contra la discriminación sexual, ambas aprobadas en 2018, al considerar que ha pasado tiempo suficiente para su aplicación.

Las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad la ley de identidad y expresión de género en abril de 2018 y a finales de ese mismo año, en diciembre, salió delante la ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género.

Aragón dio así un paso adelante en igualdad, un año en el que también se aprobó la ley de oportunidades entre mujeres y hombres.

Pero desde entonces poco se ha avanzado. Ha pasado más de un año en ambos casos -ley trans y lgtbi- y apenas se han puesto en marcha algunas de las medidas más reivindicadas por los colectivos que participaron en la elaboración de las normas.

Las más urgentes, señalan, son las que afectan a la protección de los menores. Elena Gutiérrez, de la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, explica a EFE que se encuentran con padres y madres que no apoyan a sus propios hijos y que incluso exigen a los centros escolares que los traten con su género asignado y no con el sentido.

Desde la asociación consideran que esa falta de apoyo de las familias debería considerarse un "maltrato psicológico denunciable" ante los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma.

"La ley dice que los Servicios Sociales protegerán a los menores de sus propias familias si es necesario, pero ahí nos topamos con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que por ahora no se atreve a mojarse en estos casos", manifiesta.

De hecho, añade, el IASS no tiene estipulado como maltrato psicológico el hecho de que los progenitores no respeten la identidad de sus hijos, una situación que puede convertirse en un infierno para muchos de ellos obligados "a vivir una doble vida" en sus propias casas.

Este es un aspecto de la ley que todavía no se ha puesto en marcha después de casi dos años de su aprobación, cuando además existen casos.

"Nos solemos enterar por los centros escolares. Tenemos casos de niños y niñas donde su espacio seguro es el instituto y no su casa. Esto es terrible", reflexiona.

Los centros educativos siguen las orientaciones facilitadas por el departamento de Educación para que los niños y niñas transexuales sean tratados según su identidad.

La utilización del nombre elegido; el uso de los baños o los vestuarios o incluso el uniforme son algunas de las recomendaciones incluidas en ese protocolo, que pasó a ser de obligado cumplimiento con la aprobación de la ley.

Pero no siempre se cumple. Generalmente la escuela pública sí que sigue el protocolo, pero no ocurre lo mismo en los colegios concertados, aunque hay excepciones, matiza Gutiérrez.

"En estos centros religiosos es más difícil, nos encontramos con menores a los que han aconsejado que se cambien de centro o a los que se han presionado de tal manera que se han visto obligados a hacerlo", afirma.

Se ha avanzado en muchas cuestiones, reconocen, pero todavía quedan pasos pendientes en un momento en que conviene estar alerta para no retroceder con medidas como el "pin" o el veto parental.

"Son padres que no aceptan a su hijos ni a los hijos de lo demás. Es como si un niño negro viera a un compañero de clase blanco salir del aula cuando van a hablar de no discriminar por razón de raza", argumenta.

Por otro lado, desde el colectivo Towanda exigen que se aplique el régimen de sanciones previsto en la ley en los casos en los que se vulneren los derechos de las personas LGTBI, y reclaman la puesta en marcha del Observatorio para la no discriminación, incluido también en la norma.

Los colectivos que participaron en la elaboración de la ley fueron citados en diciembre por la dirección de Igualdad y Familia en una primera reunión para la constitución de ese observatorio.

"Son los primeros pasos, pero lamentamos que no se hayan dado más cuando las leyes llevan más de un año y medio aprobadas", indica Víctor Solano, de Towanda.

Desde Visión Trans también reclaman con urgencia su aplicación y esperan que en esta legislatura salga adelante una norma estatal para garantizar los derechos en todo el territorio.

"Eso es lo fundamental, porque aquí en Aragón hay una ley que reconoce los derechos, pero vas a otras Comunidades y no existe", subraya Eric García.

Fuentes del Gobierno de Aragón aseguran que están trabajando en el desarrollo de la ley, aunque todavía está en una "fase inicial", y apuntan que tras la reunión del 12 de diciembre para comenzar a aplicar todos estos compromisos, volverán a reunirse con los colectivos el 26 de febrero para avanzar en la creación del observatorio que, indican, verá la luz este 2020.

 
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