20-01-2020 / 21:50 h EFE

El nuevo Procurador (Fiscal) General de Panamá, Eduardo Ulloa, tiene la firme voluntad de convertir su despacho en una herramienta que ayude a consolidar la seguridad jurídica de su país y la confianza de sus ciudadanos en la Justicia.

Así lo dio a entender este lunes en una larga entrevista con EFE durante la que consideró que su despacho debe contribuir a los cambios que necesita el país con propuestas legislativas, además de ser el ente de investigación jurídica independiente por y de excelencia.

Heredero de un buen número de casos escandalosos pendientes de solución, fundamentalmente relacionados con la corrupción, Ulloa, con más de 20 años de experiencia como abogado y especializado en delitos financieros, declaró su voluntad de llevar el proceso de investigación de cada uno de ellos hasta sus últimas consecuencias pero sin dar pasos en falso que susciten la nulidad de los procesos en beneficio de los presuntos culpables.

Pregunta: Antes de asumir su cargo, criticó duramente la gestión de su antecesora, Kenia Porcell, y especialmente los acuerdos alcanzados con la empresa brasileña Odebrecht. ¿Esto significa que ahora va a cambiar el curso de las investigaciones sobre Odebrecht y los acuerdos con esta empresa?

Respuesta: Recordemos que cuando se hace el acuerdo de delación dentro del caso Odebrecht, surge posteriormente información sobre la actuación de Odebrecht en períodos anteriores a los que se habían tomado en cuenta para ese acuerdo, y que no habían sido considerados. Por eso, cuestioné el momento en que se dio el acuerdo de delación. Una vez que estamos aquí, el caso Odebrecht se reactiva, o mejor dicho se reinicia su investigación, precisamente hoy. A partir de este momento, con un plazo de cinco meses, se inicia nuevamente el proceso de investigación del caso Odebrecht incorporando nuevas informaciones.

P: ¿En síntesis, el caso Odebrecht en Panamá vuelve al kilómetro cero y lo acordado con la empresa puede ser invalidado?

R: No, para nada. El acuerdo de delación está vigente. Durante cinco meses se incorporará le información adicional que se recopile y se formularán las imputaciones si así surgieran elementos para otras personas.

P: ¿Entonces, puede haber otros imputados?

R: Sí, claro, exacto.

P: La supuesta implicación del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) en el caso Odebrecht, es por ejemplo, uno de los períodos a los que se refería que no se habían tenido en cuenta.

R: Es todo eso. Parte de lo que nosotros hemos tenido desde un principio es que la ciudadanía lo que desea es conocer todo lo que ha sucedido con Odebrecht, desde su llegada al país hasta el último proyecto que han estado desarrollando. Esta prórroga de cinco meses, dentro de la limitación de tiempo, nos permite abarcar esos otros períodos.

P: En España hay un proceso abierto contra la empresa FCC por sobornos en Panamá. ¿Ha colaborado la Procuraduría panameña con las autoridades españolas para esclarecer este caso o han emprendido ustedes una investigación sobre este caso o tiene intención de hacerlo?

R: Esa es una investigación que está abierta, que maneja la fiscalía anticorrupción.Le hemos pedido, y se lo hemos reiterado, a los fiscales, que traten de meterle el mayor dinamismo y la mayor efectividad posibles a esa investigación independientemente de cualquier circunstancia que haya, dentro de los parámetros que la ley permita. Lo que nosotros queremos es que en cada uno de esos casos salga a relucir la verdad y se llame a responder a aquellas personas que sea necesario hacerlo independientemente de la filiación política o económica que tenga.

P: ¿Le ha extrañado a usted que recientemente se haya refrendado un contrato público con Aqualia, filial de FCC, cuando se trata ésta de una empresa que ha admitido cometer sobornos en Panamá y que está bajo investigación?

R: Claro. Esa es una lucha que se ha iniciado ahora en lo que es esta cruzada contra la corrupción, de poder introducir todos los mecanismos legislativos que impidan que empresas que están siendo investigadas o que han sido condenadas por actos de corrupción, nacional o internacionalmente, puedan participar en licitaciones del Estado. Pero, por ahora, no existe una ley que impida que una empresa no pueda ejecutar un contrato público mientras está siendo investigada.

P: Ejecutivos de FCC han declarado en España que entregaron sobornos mediante intermediarios al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que Martinelli puede ser acusado en Panamá por cualquier otro delito además de por el que fue extraditado. ¿Estos dos hechos no son suficientes para abrir una nueva investigación al expresidente?

R: Permítame aclararle algo. La nota del departamento de Justicia de Estados Unidos, que se recibió el 14 de diciembre, pero que hoy nos llegará formalmente desde la cancillería panameña, fue ya entregada a los fiscales anticorrupción para su estudio, y es ahora cuando ellos podrán, si consideran que tiene el suficiente mérito, llamar a formularle cargos al señor Ricardo Martinelli. Tengamos algo claro, y es que más allá de que esa sea la posición del gobierno de EEUU y de que nosotros le demos curso, esa nota, esa voluntad del gobierno de Estados Unidos, habrá que someterla al control jurisdiccional, porque son los jueces los que tienen que decidir si esa vía que ha tomado los Estados Unidos es la que nuestra legislación señala.

P: Pero más que una expresión de voluntad de Estados Unidos, como usted dice, es una comunicación oficial de que Estados Unidos permite que a Martinelli se le puedan imputar otros cargos más allá de aquellos por los que fue extraditado.¿No es así?

R: Pero el Principio de Especialidad (bajo el que fue extraditado Martinelli), para ser obviado exige legalmente una autorización del país que concedió la extradición mediante un determinado procedimiento. Lo que se ha dado en este caso es que, sin haberse formalizado una solicitud de autorización, el gobierno de Estados Unidos le dice a Panamá que, a su juicio, no es necesario ese pedido de autorización. Esa opinión del gobierno de Estados Unidos es lo que hay que confrontar, pare ver si es suficiente, con nuestro código de procedimiento, que nos dice "tú tiene que solicitar una autorización"

P: ¿Lo que quiere evitar es que el eventual proceso de frustre por el procedimiento empleado?

R: Sí. Nuestra mayor preocupación es que la consecuencia jurídica por obviar ese procedimiento de autorización sea la nulidad del proceso. Eso es lo que más fuerte nos cuestionarían los ciudadanos.

P: ¿Salvados todos los procedimientos legales, la Procuraduría tiene la firme voluntad de abrir las investigaciones que demandan las diferentes acusaciones contra Martinelli?

R:Sí. No quiero que los procesos se detengan. Le he dicho a los fiscales que hagan lo que tengan que hacer, pero que la voluntad de este Ministerio Público es investigar a todas las personas que aparezcan señaladas en un actos ilícito.

P:¿Cual es el plan de acción que quiere que marque su gestión?

R: Yo creo que el Ministerio Público más allá de limitarse únicamente a sentarse a hacer investigaciones tiene que promover cambios legislativos (...) especialmente dirigidos a acabar con una serie de elementos que impiden que las investigaciones contra la administración pública puedan desarrollarse desde un principio de una forma expedita.

 
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