18-01-2020 / 18:50 h EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena impuesta a un funcionario de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que fue condenado a tres años de prisión por atentar contra la integridad moral de dos reclusas y abusar sexualmente de una de ellas.

En una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el alto tribunal ratifica la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, del 18 de mayo de 2019, y desestima el recurso de casación de L.F.A.G., condenado a dos años por sendos delitos contra la integridad moral, un año por un delito de actividad prohibida a funcionario y una multa de 3.960 euros por un delito de abuso sexual.

La Sala también le impuso 2 años y 3 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por el primer delito y 6 años de inhabilitación absoluta por el segundo, mientras que lo absolvió de tres delitos contra la integridad moral.

La Sección Séptima recordó en su resolución que el acusado tuvo restringido el acceso a las presas a partir del 1 de marzo de 2014, pero "desobedeció las órdenes cambiando el servicio con sus compañeros o incluso abandonando el puesto encomendado".

Entre los años 2013 y 2014, además, mostró vídeos pornográficos o sexuales en su móvil a dos internas, se metió en la ducha cuando dos de ellas se aseaban y a una le tocó los glúteos dos veces, entre otros hechos probados.

La dirección del centro le abrió un expediente disciplinario que derivó en su suspensión temporal de funciones el 19 de noviembre de 2014.

El condenado alegó que se había vulnerado la presunción de inocencia, pero el Supremo establece que las declaraciones de las víctimas "son fiables" porque "se mantienen en los términos esenciales" de lo que dijeron en la fase de instrucción y no se aprecian "móviles de venganza o resentimiento".

Además, recuerda que una de las víctimas "resultó perjudicada" tras denunciar lo ocurrido porque "fue trasladada a un centro más lejano de su familia".

Otro motivo del recurso de casación fue la inexistencia de pruebas, pero el Supremo rechaza el argumento del acusado de que hubo un complot contra él organizado por la directora de la cárcel y que ésta presionó a las internas.

En este sentido, destaca que dos denunciantes ya habían cumplido su condena, por lo que "no tenían dependencia alguna" respecto a la directora.

Frente al argumento de que la entrada en las duchas "fue ocasional", el alto tribunal replica que el condenado "aprovechó" su puesto "para imponer su presencia, siquiera sea por poco tiempo", en el momento en que las presas "disponen de un espacio de intimidad dentro de un régimen penitenciario que la limita en otros muchos momentos y aspectos".

Ese momento fue "violentado", prosigue la sentencia, que añade que "obligar" a cada presa a "soportar la observación de su cuerpo desnudo no sólo es ilícito, sino que resulta humillante y degradante para la mujer".

El encausado también defendió que no hubo ataque contra la indemnidad sexual de una reclusa, pero "está probado que le exhibió un vídeo pornográfico; que le propuso que le realizara una felación; que la intentó besar a continuación; que en dos ocasiones se introdujo en la ducha cuando ella se duchaba desnuda; y que en dos ocasiones le tocó los glúteos", responde el Supremo.

 
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