16-01-2020 / 15:31 h EFE

El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado una nueva guía de inclusión para añadir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, una obligación que "marca la ley desde hace dos años", pero que hasta ahora el anterior Gobierno municipal "no había implantado" en la localidad.

Así lo ha avanzado la alcaldesa, Natalia de Andrés (PSOE), quien ha explicado que la Ley de Contratos del Sector Público "impone que debe haber al menos una condición especial de ejecución de carácter social y/o medioambiental", mostrando su sorpresa porque hasta ahora "el Ayuntamiento no haya cumplido la ley en este aspecto".

En este sentido, la regidora socialista ha señalado que tras la aprobación de esta guía se definirán los planteamientos según la ley para incluir las condiciones especiales de ejecución de carácter social y medioambiental, además de los requisitos técnicos, de los contratos que licite el Ayuntamiento.

Por ámbitos, en lo social se valorará el uso la contratación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, el fomento y/o la creación de empleo de personas con discapacidad o con dificultades de acceso al mercado laboral, la formación en el trabajo, el comercio justo y la transparencia fiscal, entre otros.

En el medioambiental, la alcaldesa ha destacado también como ejemplos de estas condiciones especiales de ejecución los trabajos, informes y materiales que se realicen en soporte digital, la utilización del caucho reciclado en mezclas asfálticas y de vehículos conforme norma V o eléctricos, entre otros.

También en este caso, se valorará que las empresas estén inscritas en el Registro de Huella de Carbono, la utilización vehículos con distintos ambientales o el hecho de que la energía eléctrica proceda de fuentes renovables y la presentación de un Plan de Gestión de Residuos.

Por otra parte, De Andrés ha avanzado que "se establecerá la reserva de un 7 % mínimo, que podrá incrementarse hasta un 10%", para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción de personas con diferentes capacidades.

"Se realizará una vez se determine toda la contratación en el Ayuntamiento y de acuerdo a los criterios que determina la ley", ha añadido la regidora, quien ha insistido en que se premiará "el compromiso con la igualdad de género y las medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral".

Además, en cuanto a los contratos que superen la cifra de 100.000 euros, De Andres ha adelantado que llevarán obligatoriamente "una cláusula de transparencia fiscal" mediante la cual se impondrá al contratista que presente una declaración responsable que afirme "que no realiza operaciones financieras en paraísos fiscales".

 
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