15-01-2020 / 15:20 h EFE

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una investigación de oficio para averiguar si funcionaron correctamente los protocolos de coordinación entre administraciones y la aplicación de los planes de protección civil en la explosión que ayer causó dos muertos y ocho heridos en La Canonja (Tarragona).

El defensor del pueblo catalán ha informado de que solicitará información a los departamentos de Interior, Territorio y Sostenibilidad, y Educación, y a varios ayuntamientos afectados y ha recordado que, además de las pérdidas humanas, el accidente "ha tenido graves afectaciones en la movilidad (carreteras, trenes) y las infraestructuras".

Tras trasladar su pésame a los familiares de las víctimas y ponerse su disposición, el Síndic ha explicado que en su actuación de oficio estudiará aspectos como la coordinación entre las administraciones públicas, la aplicación de los planes y protocolos de protección civil, las afectaciones al medio ambiente (aire, agua, etc.) y, si procede, la reparación de los daños ambientales.

También intentará determinar la responsabilidad de la empresa de acuerdo con la legislación vigente, la atención a las personas afectadas y la afectación a los servicios públicos.

Las dimensiones del incendio comportaron la aplicación del Plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña (Plaseqcat) en fase de alerta y, aunque no se activaron las sirenas que advierten la población, mediante un mensaje de Twitter, Protección Civil pidió que la población de Tarragona, Salou, Vila-seca, Reus, Constantí, el Morell, y La Canonja se confinara.

Esta confinación se hizo preventivamente, ya que, según los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad y de Interior, tras la explosión y el incendio no se detectó ninguna presencia de elementos tóxicos en el aire en el entorno cercano a la empresa accidentada.

El Síndic también investigará cómo pudo suceder que una persona resultara muerta a causa del impacto de un fragmento metálico propulsado por la explosión que impactó en un inmueble en el barrio de Torreforta (Tarragona), situado a más de dos kilómetros del lugar de la explosión.

 
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