03-01-2020 / 21:19 h EFE

El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha absuelto al cineasta Enrique González Macho de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental sobre la película "Rosa y negro", tal y como ya hizo otro tribunal madrileño en el caso del largometraje "La isla interior" el pasado diciembre.

González Macho fue denunciado por supuestamente manipular el número de espectadores de tres películas para obtener ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Según la sentencia correspondiente a una de estas denuncias, a la que ha tenido acceso Efe, “no ha quedado probado que los acusados hubieran manipulado los datos de espectadores y recaudación que debían comunicar al ICAA a los efectos de beneficiar a la productora para obtener la subvención concedida”.

El expresidente de la Academia de Cine reconoce a Efe que se siente aliviado con esa segunda absolución, "tajante porque no se ha encontrado ninguna prueba de que haya habido ningún delito", después de que esas denuncias supusieran un "cambio radical" en su vida y en su trayectoria profesional: "Esto me ha jodido la vida".

"Nunca jamás había estado en un Juzgado en 52 años de carrera y, que de la noche a la mañana te encuentres con juicios de este tipo, te deja hecho polvo", asegura el productor, distribuidor y exhibidor, quien se ha mantenido apartado del mundo del cine desde que fue denunciado por supuestamente manipular el número de espectadores de tres películas para obtener ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

Asegura González Macho que estos "tres años muy desagradables" se lleva un aprendizaje: "Lo importante que es la presunción de inocencia, que para mí no se ha mantenido. Me han tratado como un criminal peor que Al Capone".

Lo "importante" ahora destaca, es recibir dos fallos absolutorios de "dos juzgados diferentes", que ratifican lo que siempre ha sostenido: "En mi puñetera vida me he llevado un duro que no fuera mío”.

En el caso de “Rosa y negro”, la Fiscalía pidió pena de prisión de dos años y una multa de 1,5 millones de euros y la Abogacía del Estado, en representación del ICAA, cuatro años de cárcel, una multa que triplicaba el importe de las ayudas concedidas y una indemnización para este órgano público de 731 972 euros, monto en el que cuantificó el fraude.

 
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