18-12-2019 / 13:51 h EFE

La Policía Nacional ha detenido a dos responsables de sendos centros residenciales privados de Burgos como supuestos autores de "numerosas" estafas y apropiaciones indebidas de los bienes de los ancianos, que consiguieron a través de herencias mediante engaños y con las que acumularon 3.000.000 euros.

La operación policial, llevada a cabo con la colaboración de funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha determinado que los supuestos autores se aprovechaban del deterioro físico y cognitivo de los mayores a los que cuidaban y conseguían la totalidad de sus bienes, han informado fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Llegaron a nombrar a sus víctimas como administradores de las sociedades con las que habían formado un complejo entramado empresarial con el fin principal de apoderarse de la herencia de sus pacientes.

En el momento del arresto, los investigados tenían a su nombre treinta propiedades, entre ellas viviendas, naves y diversas fincas rústicas ubicadas en la provincia de Burgos y en otras zonas de España, que habían adquirido de forma fraudulenta de sus pacientes fallecidos.

Los investigadores, que han contado con la "plena colaboración" de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, practicaron los arrestos por la supuesta autoría de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, delito contra la integridad moral y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó a principios de este año cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varias personas podían estar estafando mediante engaño a multitud de ancianos con un gran patrimonio personal.

Averiguaron que los arrestados se encontraban a cargo de la dirección y gestión de dos residencias de personas de edad ubicadas en la ciudad de Burgos, Real y Antigua.

Poco después, descubrieron que estas personas se prevalían de su posición de superioridad para engañar y estafar a sus usuarios, aprovechándose de su deterioro físico y cognitivo, con el fin de apropiarse de la totalidad de sus bienes.

Con su argucia no solamente se apoderaban de su patrimonio inmobiliario sino también de todo tipo de efectos familiares como joyas, obras de arte, mobiliario e incluso fotografías.

Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que los detenidos habían utilizado además a los ancianos como instrumentos para enmascarar sus actividades ilícitas, de forma que situaron a sus víctimas como administradores de las sociedades con las que habían formado un complejo entramado empresarial, dedicado en principio a la gestión de residencias de ancianos.

Pero estas empresas en realidad tenían como finalidad la apropiación indebida y el blanqueo de capitales.

Los policías han intervenido gran cantidad de material documental, dispositivos informáticos, teléfonos móviles, 6.300 euros en metálico, antigüedades y obras de arte.

También han sido localizados e intervenidos tres vehículos, uno de ellos de alta gama con valor de venta al público superior a los 130.000 euros, y otro con las modificaciones necesarias para realizar carreras deportivas.

Descubrieron además un piso que los detenidos habían habilitado, de forma fraudulenta, como residencia de ancianos, sin cumplir los requisitos legales establecidos para este tipo de dotación sociosanitaria.

También se incautaron de 900 billetes y participaciones de lotería por un importe casi 20.000 euros, cuyo destino final pudiera ser enmascarar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, dentro de una investigación que continúa abierta.

Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han explicado que hace varios meses este departamento trasladó a la Fiscalía de Burgos y al Juzgado de Instrucción diversas actuaciones sobre hechos por podían ser delictivos y que detectaron durante las labores de inspección y control que llevan a cabo de forma habitual la Junta de Castilla y León.

También tuvieron en cuenta las denuncias formuladas por familiares de algunos usuarios que dieron lugar a la apertura de dos expedientes sancionadores.

La Consejería ha lamentado y condenado estos hechos y ha recalcado que continuará con el seguimiento periódico de estas residencias privadas para garantizar la adecuada atención y proteccion a las personas mayores.

Los dos centros siguen funcionando en la actualidad, a expensas de lo que determine la autoridad judicial.

 
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