18-12-2019 / 13:01 h EFE

La institución del Procurador del Común ha pedido este miércoles a la Consejería de Educación la apertura del debate sobre la creación de una normativa que regule el uso o no de los dispositivos móviles en los centros educativos de Castilla y León.

Esta institución autonómica inició de oficio una actuación al conocer la problemática existente en algunos centros educativos provocada por el uso que hacen los alumnos de móviles y equipos electrónicos similares, han informado este miércoles fuentes de la Oficina del Procurador del Común.

Es una situación que ha provocado la demanda por parte de los responsables de dichos centros para la elaboración de unos criterios que sirvan para armonizar en toda la Comunidad de Castilla y León una respuesta a dicha problemática.

El Procurador ha advertido de que la utilización del móvil a edades cada vez más tempranas, la intensificación de su uso, y la introducción de los mismos en los centros educativos por parte de los alumnos, originan conflictos con los profesores.

Especialmente se produce, ha advertido, si se tienen en cuenta que "dichos dispositivos pueden ser elementos de distracción e interrupción, también pueden ser medios utilizados para acosar u ofender a otros compañeros u otros miembros de la comunidad educativa".

Asimismo, también pueden dar lugar a una importante problemática en el caso de que se proceda a la retirada de los dispositivos por parte del profesorado, puesto que pueden ponerse en situación de vulnerabilidad derechos como el de la inviolabilidad de las comunicaciones o la protección de datos personales.

En este sentido, el Procurador del Común ha detectado que existe una importante heterogeneidad en los reglamentos de régimen interior que elaboran los centros educativos sobre este escenario.

Así, en el informe remitido por la Consejería de Educación, se pone de manifiesto que los centros educativos de la Comunidad no han solicitado formalmente el establecimiento de criterios comunes en materia de uso y tenencia de dispositivos móviles o similares en los centros de su territorio, pero si la preocupación.

El Procurador del Común analizó la regulación en otras comunidades y detectó que la mayoría se remiten a la autonomía de cada centro, salvo Castilla-La Mancha que si dispone de una normativa para restringir la operatividad de estos dispositivos en los centros.

También desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha anunciado la intención de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos mediante una norma autonómica.

Con todo ello, el Procurador ha considerado que es una cuestión que no debe quedar en mano de la autonomía de cada centro educativo, sino que se debería abrirse un debate, con la participación de todas las instancias educativas para determinar si es procedente y necesaria una normativa sobre el uso de estos dispositivos.

 
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