16-12-2019 / 22:39 h EFE

La Justicia brasileña ordenó la prisión de 20 de los 27 concejales de la ciudad de Uberlandia (sureste), acusados de haber desviado fondos públicos de la Cámara Municipal a través de contratos irregulares, informó este lunes la Fiscalía.

La operación es una continuación de la iniciada en octubre pasado, cuando tres de esos concejales sospechosos ya habían sido detenidos.

Las investigaciones involucran las "sospechas de fraude" en contratos de seguridad de la Cámara legislativa y de desvíos de fondos destinados a los gabinetes para la "supuesta contratación de servicios gráficos", señaló el Ministerio Público del estado de Minas Gerais en un comunicado.

En la acción de este lunes, fueron arrestados 20 concejales del total de 27 que componen la Cámara Municipal de Uberlandia, entre ellos su presidente, Hélio Ferraz, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Ferraz es investigado por presuntamente participar en una trama corrupta que desviaba recursos públicos utilizados por los ediles en sus actividad profesional.

La Fiscalía apuntó que, solo en la residencia del presidente, las autoridades se incautaron de 160.000 reales (40.000 dólares) en efectivo y 800.000 reales (unos 200.000 dólares) en cheques.

Durante la operación, los policías decomisaron además varios documentos y ordenadores utilizados tanto por los representantes políticos como por sus asesores, así como un millón de reales (250.000 dólares) hallados en la vivienda de una de las concejalas investigadas.

Igualmente se investigan presuntos fraudes por parte de los ediles, elegidos en las elecciones municipales de 2016, a la hora de contratar empresas que ofrecían diversos servicios a la cámara municipal.

En total, la Justicia de Minas Gerais emitió 41 órdenes de prisión y otras 41 de registro y allanamiento contra políticos, empresarios, funcionarios de la Cámara Municipal y trabajadores externos.

El pasado octubre, la operación "The Godfather", como fue bautizada, ya había arrestado a tres de los concejales sospechosos: Alexandre Nogueira, Wilson Pinheiro y Juliano Modesto, contra los que se volvió a emitir una nueva orden de prisión.

Esos tres políticos ya estaban alejados de sus funciones públicas desde entonces.

En aquella ocasión, la Fiscalía apuntó que la contratación de una cooperativa local de transportes generó un desvío de más de 7 millones de reales (unos 1,75 millones de dólares) solo en 2016.

Asimismo, señaló que los investigados integraban una "organización criminal" que, según la acusación, habría dominado el servicio público de transporte de la ciudad entre 2007 y 2018.

 
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