13-12-2019 / 14:30 h EFE

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha aprobado este viernes exigir la "inmediata dimisión" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "por su enfrentamiento" con este colectivo y reclamar al Ministerio en los tribunales el pago de todo el turno de oficio.

La Abogacía ha decidido emprender acciones legales contra Justicia "por el anunciado impago de los servicios de turno de oficio prestados por designación judicial el pasado mes de octubre sin estar reconocidos posteriormente como justicia gratuita en la denominada zona de competencia del Ministerio".

Esta zona está integrada por las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de justicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares, así como Ceuta, Melilla y el Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal.

Según informa el Consejo General de la Abogacía, "los consejeros han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como incomprensible tanto por el momento de interinidad en el que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica".

Asimismo han solicitado la dimisión de Dolores Delgado "por su enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía" y han puesto de manifiesto "la importancia de que el candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno sepa que cuenta en su gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan".

Los servicios jurídicos del Consejo estudiarán si la reclamación al Ministerio de lo que considera ajeno al sistema de justicia gratuita debe hacerse atendiendo al baremo de la misma o si deben requerirse los honorarios de libre mercado de los abogados que han recibido una designación judicial para intervenir en el proceso.

En todo caso la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito y se abre la puerta a que aquellos colegios de abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

"El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos cuarenta años", expresa el Consejo.

Según informó este jueves el Ministerio de Justicia, la Intervención Delegada en este departamento ha pedido a la Intervención General del Estado que audite los pagos a la Abogacía por el servicio de asistencia jurídica gratuita tras detectar posibles irregularidades.

El Ministerio anunció que en los próximos días se procederá al pago de 4.028.858 euros correspondientes a este servicio, el 95 por ciento de los reclamado por los colegios.

Lo hará tras haber recibido de los colegios de abogados de los territorios que gestiona las certificaciones de la asistencia jurídica gratuita correspondientes a octubre conforme a los criterios que establece la ley que la regula que la regula.

Justicia informó al Consejo de la Abogacía el pasado 21 de octubre de la necesidad de justificar que los certificados que le había remitido para el pago de la asistencia jurídica gratuita se correspondían con casos que tienen derecho a ese servicio.

Lo hizo tras descubrir irregularidades en el juicio del caso Gürtel, pues se pagó abogado de oficio a personas que no tenían derecho a la justicia gratuita (que cubre la defensa de quien acredita insuficiencia de recursos), como el cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, y a empresas, que tampoco pueden contar con ese servicio.

 
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