12-12-2019 / 20:09 h EFE

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se retiró este jueves a deliberar si ordena las medidas cautelares solicitadas por Gambia para proteger a la minoría musulmana rohinyá en Myanmar (antigua Birmania), cuyo supuesto genocidio ha sido negado por la consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

La premio Nobel de la Paz volvió a insistir en que el alto tribunal de la ONU no debe intervenir, porque las investigaciones sobre los supuestos abusos del Ejército tendrían que hacerse en su país.

"No se discute que Myanmar, el Reino Unido o Estados Unidos tengan un sistema de Justicia militar. La Constitución de Myanmar no puede y no debe ser eliminada si nos apoyamos en la democracia constitucional y el imperio de la ley", dijo Suu Kyi ante los jueces de la CIJ en una intervención que duró unos cinco minutos.

Llevar el caso al tribunal de La Haya, tal y como ha pedido Gambia con el apoyo de los 57 países de la Organización para la Cooperación Islámica, sería "mutilar" el sistema de justicia militar "a través de su externalización".

Añadió que los procesos legales en tribunales internacionales "necesitan de cuatro a ocho años para llevar a cabo investigaciones, a veces más", y abogó por que las cortes marciales de Myanmar "sigan su curso".

Esta opinión fue rebatida horas antes por el abogado representante de Gambia, Paul Reichler, quien puso en duda la voluntad de la Justicia birmana para investigar los abusos de las Fuerzas Armadas.

"¿Cómo puede alguien esperar que el Ejército rinda cuentas ante sí mismo por actos de genocidio contra los rohinyás cuando seis de sus principales generales (...) han sido acusados de genocidio por la comisión de investigación de la ONU?", se preguntó ante los magistrados.

El letrado se refería con esas palabras a un informe de la ONU en el que se señalaban siete indicadores de "genocidio intencional" contra los rohinyás en la actuación de las Fuerzas Armadas birmanas a partir de agosto de 2017 en el estado de Rakáin, al oeste del país.

Según Myanmar, estas operaciones se dirigieron contra grupos insurgentes, como el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán, que habían atacado comisarías de policía y puestos fronterizos.

El abogado Reichler rebatió esa afirmación, aseguró que esas operaciones tenían como objetivo la población civil rohinyá y se preguntó si "se combate al terrorismo matando a niños".

Las Fuerzas Armadas "arrebataron a niños de los brazos de sus madres, violaron grupalmente a mujeres y niñas" y "quemaron cientos de aldeas con miles de casas que tenían familias enteras dentro", aseguró Reichler. "¿Esa es la manera que tiene Myanmar de luchar contra el terrorismo?", añadió.

La jornada de este jueves fue la última de las vistas orales celebradas por el caso. El juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, dijo que la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por Gambia "se darán a conocer lo antes posible", en una fecha que se calcula para las próximas semanas.

Entre las medidas solicitadas por Gambia figura que Birmania "tome todas las medidas a su alcance para prevenir todos los actos que constituyan o contribuyan al delito de genocidio".

Eso incluiría que se eviten crímenes como "ejecuciones extrajudiciales o abusos físicos, violaciones u otras formas de violencia sexual, quemas de casas o pueblos, y la destrucción de tierras y ganado", entre otros.

Si la CIJ ordenase alguna de las medidas, Myanmar tiene la posibilidad de pedir audiencias adicionales para pedirle al tribunal que se declare incompetente para juzgar el caso. El comienzo del juicio sobre el fondo del caso, si se celebra, podría ser en los próximos años.

 
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