05-12-2019 / 16:21 h EFE

La Fiscalía pide condenas de entre 2 y 4 años de prisión, que suman en total 26 años de cárcel, por desórdenes públicos para 11 acusados por la protesta contra el turismo de masas que realizó la entidad juvenil Arran Jovent en julio de 2017 en el puerto de Palma, frente a varios restaurantes.

Ante la apertura de juicio oral a 11 acusados ante la Audiencia de Palma, la entidad independentista Alerta Solidària ha denunciado en un comunicado en redes sociales que muchos de los encausados ni siquiera estaban en el lugar de la protesta el día que desplegaron una pancarta con el mensaje "Tourism kills Mallorca", encendieron dos bengalas y tiraron confeti.

Según la organización, en esta causa la policía "ha utilizado otra vez los ficheros ilegales que tiene de los jóvenes organizados y de quien forma parte de los movimientos sociales, encausando de esta manera aleatoriamente a personas que alguna vez han asistido a convocatorias de concentraciones y manifestaciones" o que han participado "de algún espacio político con vocación de transformación social".

Según la entidad, la Fiscalía acusa a personas investigadas "a partir de archivos ilegales, que no fueron identificadas el día de la acción, ni se puede probar que estuvieran en ella".

Alerta Solidària ha calificado de "absolutamente desproporcionada" la petición de condena de la Fiscalía "por aguantar una pancarta y tirar confeti" y ha denunciado la "criminalización de los movimientos sociales de Mallorca", que sufren "represión" en cada reivindicación que realicen en la isla, ya sea "vecinal, por los derechos sociales y de las personas, por la cultura, feministas o por el derecho a la vivienda".

Consideran la acusación "una estrategia del Estado para acabar con la lucha generando miedo" y concluyen que las penas de prisión "no harán que la lucha contra el modelo turístico actual acabe", ni que quienes forman parte de los movimientos sociales de Mallorca dejen de movilizarse.

Cuando fueron citados y prestaron declaración por desórdenes públicos, daños y amenazas, en marzo de 2018, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, varios de los investigados negaron haber participado en la protesta y alguno alegó estar ese día fuera de Mallorca. Uno de los investigados, residente en Terrassa, fue multado por estos hechos por vía administrativa.

Los responsables de los locales de restauración perjudicados por la protesta renunciaron a proseguir acciones civiles y penales.

 
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