13-11-2019 / 13:01 h EFE

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles autorizar la adquisición de un gasto plurianual total de 12,4 millones de euros para abonar las subvenciones por salarios a centros especiales de empleo y empresas de inserción.

La tramitación anticipada permite que las subvenciones se puedan conceder lo antes posible, desde principios de año, reduciendo al máximo el tiempo que transcurre entre los abonos de un periodo presupuestario y el siguiente, lo que "contribuye a la sostenibilidad de los propios centros", según el vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez.

En concreto, del total de 12,4 millones, 10 millones están destinados a subvenciones por coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

El año 2019 cerrará con en torno a 1.757 personas con discapacidad contratadas por estos centros, salarios que subvenciona el Servicio Navarro de Empleo, que conforman el 82 % de la plantilla de estos centros.

Los otros 2,3 millones de euros son para conceder subvenciones por salarios y cuotas empresariales a las empresas de inserción sociolaboral, por la contratación de 175 personas en situación o riesgo de exclusión social.

Cabe recordar que en 2019, el Gobierno de Navarra ha destinado un 20 % más de presupuesto, 12,1 millones de euros en total, a subvenciones a centros especiales de empleo para el abono de salarios a personas con discapacidad y a las unidades de apoyo técnico.

Las subvenciones alcanzan el 50 % o 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según el grado de discapacidad y la naturaleza de centro (con o sin ánimo de lucro), entre otros apoyos.

En materia de empresas de inserción, el Gobierno prepara una nueva regulación para posibilitar la apertura de nuevas entidades e intensificar el seguimiento técnico de las personas en riesgo de exclusión social que trabajan en ellas, de manera que crezcan los índices de inserción en las empresas ordinarias o a través del autoempleo.

El SNE-NL aporta el 75 % del salario mínimo interprofesional y el coste de la seguridad social de estas personas, entre otras medidas.

 
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