07-11-2019 / 21:40 h EFE

El Congreso de El Salvador aún no aprueba una ley de reconciliación nacional que garantice justicia, verdad y reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a pesar de que en pocos días se cumpla un nuevo plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En julio pasado, el Supremo amplió en cuatro meses el plazo a la Asamblea Legislativa para emitir una ley de reparación de las víctimas y que sustituiría a una amnistía.

El plazo para la aprobación de dicha ley se venció en julio del año en curso, por lo que la Sala de lo Constitucional puso como nueva fecha el 13 de noviembre.

Para Eduardo García, director ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda, está situación es "lamentable", puesto que, según señaló este jueves a Efe, "se está privando a las víctimas de la guerra al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación".

"Creo que los diputados aún no terminan de entender lo que significa la palabra reconciliación y están intentando dar la vuelta a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional", manifestó.

El 13 de julio de 2016, el Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993 por ser "contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales y al derecho a la reparación integral de las víctimas".

El Supremo ordenó a los diputados del Congreso, en el fallo que anuló la amnistía, crear una nueva legislación enfocada en la justicia y reparación de las víctimas.

Para lo anterior, se creo una subcomisión integrada por representantes de los diversos partidos políticos y liderada por el diputado Roberto Angulo, del derechista Partido de Concertación Nacional (PCN), quien el 14 de octubre presentó una nueva propuesta ley, con lo que se dejó de lado un documento elaborado por una treintena de organizaciones sociales y de víctimas de la guerra.

Ángulo fue uno de los principales impulsores de la ley de amnistía de 1993, que impedía investigar, juzgar y condenar a los vinculados con crímenes de guerra y de lesa humanidad.

García apuntó que "los diputados siguen empeñados en aprobar una ley que encubra a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la guerra y no que cumpla con los establecido por la Sala de lo Constitucional".

"Es necesario y sumamente urgente reparar el daño a las víctimas del conflicto (armado), principalmente a las personas desaparecidas en su infancia y que hoy ya adultas demandan asistencia social y psicológica para que retomar su proyecto de vida que le fue truncado", añadió.

El 23 de mayo pasado, los diputados frenaron la aprobación de la polémica propuesta de ley de "reconciliación nacional" para escuchar a las víctimas tras recibir críticas de diversos sectores, incluida la ONU.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de "medidas urgentes" en la que requirió al Estado de El Salvador suspender "inmediatamente el trámite legislativo" de la iniciativa.

La anulación de la amnistía permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (1989).

 
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