07-11-2019 / 20:30 h EFE

Francisco Javier Medina, absuelto por el doble crimen de Almonte (Huelva) de abril de 2013, en el que perdieron la vida una niña de 8 años y su padre, ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial, la negativa del juzgado instructor de la causa de que pueda ejercer la acción popular en la misma.

Dicho auto del Juzgado de Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) rechazaba esa pretensión, que Medina solicitaba junto a sus hermanos y primos, al entender que esta "incurre en manifiesto fraude de ley toda vez que no se emplea esta figura jurídica limpiamente sino para fines distintos de los previstos en la norma... actúa movido por un interés particular".

En su recurso, la representación de Medina alega un único motivo: la infracción de su derecho a la tutela efectiva en su vertiente de Derecho a la acceso a la jurisdicción, considerando que este auto de no se ajusta a derecho.

Este recurso ha sido impugnado por Luis Bidón, abogado de los padres y mujer y madre de las víctimas, en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, considerando que el mismo ha de ser desestimado.

Ello porque aunque ejercer la acción popular "es un derecho que tienen los ciudadanos, en el presente caso, los recurrentes no cumplen con los requisitos que exige la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Recuerda el letrado que como dice la doctrina jurídica y los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo: "la acción popular es un derecho que no se puede conceder de forma amplia porque choca con la idea inherente al propio Estado, moderno de que la persecución de los delitos debe ser una función pública y siempre en mano de la Acusación Particular y Ministerio Fiscal y no de todos los ciudadanos como al parecer se considera de contrario".

En este caso, añade, "es que (además) no existe un interés legítimo y queda de manifiesto que con su participación no necesariamente se avanzará en la búsqueda del autor porque para ello está el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular como garantes".

Bidón considera además que permitiéndosele ejercer la acción popular "se podría dificultar la investigación con tantas partes intervinientes cuando es suficiente con el Ministerio Fiscal y esta Acusación Particular.

 
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