06-11-2019 / 21:20 h EFE

Los principales colectivos españoles de defensa de los derechos LGTBI se han unido para ejercer la acusación popular contra miembros del autodenominado "proyecto pilla-pilla", un grupo que preparaba emboscadas a homosexuales para humillarles sometiéndoles a un interrogatorio, que colgaban en redes sociales.

El juicio contra los seis supuestos integrantes de la banda comenzará la semana que viene en el juzgado penal número 2 de Granollers (Barcelona), donde enfrentan una petición fiscal de 21 años de cárcel por delitos contra la integridad moral y contra la intimidad.

Tal como ha explicado a Efe Laia Serra, abogada de la Comissió Unitària 28 de Juny, que integran una treintena de entidades de Cataluña, se trata de una causa "paradigmática" en la que, por primera vez, "el top 10 de los colectivos LGTBI se personan todos juntos en un caso judicial".

Según Serra, el objetivo de la defensa es "consolidar un frente común y crear una cultura jurídica para hacer entender que el fascismo y los ataques homófobos tienen que tener respuesta", especialmente, ha señalado, en el contexto político actual, en el que "la extrema derecha intenta banalizar agresiones".

De acuerdo con el fiscal, el acusado Mykola, de nacionalidad ucraniana, creó en noviembre de 2013 un grupo que denominó "proyecto pilla-pilla", una imitación de la banda rusa "Occupy Pedofilya", de clara ideología neonazi que, bajo el pretexto de identificar y neutralizar a pederastas, buscaba perseguir, humillar y vejar a homosexuales.

Los integrantes de "pilla-pilla" actuaron al menos contra tres víctimas, a las que, mediante un engaño previo, humillaron con un interrogatorio vejatorio, que grabaron en vídeo y difundieron por las redes sociales.

Los acusados, en libertad provisional, se hacían pasar por menores de edad para entablar conversaciones por Internet con sus víctimas, con las que después concertaban citas.

El día del encuentro, un grupo de entre diez y veinte personas abordaba a la víctima, a la que rodeaban para que no huyera y filmaban mientras la obligaban a responder preguntas sobre su condición sexual, dar su nombre y DNI y reconocer -bajo coacción- que eran unos "pederastas abusadores de niños".

"Queremos demostrar la gravedad de los hechos para que la judicatura se vuelque ante este ataque contra la dignidad", ha señalado Serra antes de argumentar que estas presuntas agresiones "rompen valores fundamentales como la igualdad y la libertad".

Para ello, una de las estrategias de la defensa será probar que los imputados "mantenían vínculos con otros personajes representativos de la extrema derecha europea", en concreto, con Maxim Martsinkevich 'Teçak', el líder ruso de "Occupy Pedofilya".

"Hemos ido documentando fotos del líder de la banda con esvásticas, el brazo alzado y simbología neonazi", ha especificado.

Según la abogada, Mykola también mantenía lazos con el menor condenado por la agresión racista contra un joven asiático en el metro de Barcelona en 2014, que también fue grabada y difundida en las redes sociales.

En su calificación, el ministerio público pide la mayor pena, de 21 años de cárcel, para Mykola, y para su principal colaborador, mientras que rebaja a condenas de entre quince y dos años de prisión para los otros acusados.

Según el fiscal, los acusados actuaron con el objetivo de "atemorizar, humillar y represaliar" a los homosexuales.

 
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