05-11-2019 / 11:51 h EFE

El director regional de la ONG Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, acusado de apoyar el boicot a Israel, tendrá que abandonar el país después de que la Corte Suprema ratificara este martes su expulsión ordenada por el Gobierno.

"La decisión ahora vuelve al gobierno israelí y, si continúa, tengo 20 días para salir y se unirá al rango de Irán, Corea del Norte y Egipto que bloquean el acceso a trabajadores de HRW. No nos detendremos y no seremos los últimos", publicó Shakir en sus redes sociales.

Con esta decisión se termina el procedimiento legal que comenzó tras la orden de mayo de 2018 del Gobierno israelí de revocar el visado de trabajo de Shakir en virtud de la Ley de Inmigración de 2017, que permite rechazar la entrada de personas que boicotean al país.

Según la resolución de este martes del Supremo, a la que tuvo acceso Efe, este órgano sólo ha valorado la legalidad de la decisión tomada por el Ministerio de Interior para rechazar la apelación del director de HRW contra su expulsión.

El Tribunal de Distrito de Jerusalén ratificó en abril la decisión gubernamental que Shakir apeló ante el Supremo tras lo que la expulsión quedó suspendida hasta la resolución final, emitida ahora.

Según Shakir, de nacionalidad estadounidense y origen iraquí, es la primera vez que Israel revoca un visado a un trabajador por este motivo y considera que la deportación se lleva a cabo "por defender los derechos".

Israel ya negó el visado a Shakir en febrero de 2017 al considerar que HRW se dedica a hacer "propaganda" en favor de los palestinos y no a defender los derechos humanos, gesto que una quincena de ONG humanitarias israelíes condenaron, tras lo que dos meses más tarde se le concedió un permiso de estancia.

Las autoridades israelíes consideran que la campaña del Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) es antisemita por lo que reformó la ley en virtud de la cual se ha negado la entrada a personalidades, representantes de organizaciones internacionales y políticos, como las congresistas estadounidenses Ilhan Omar y Rashida Tlaib.

Expertos en derechos humanos de la ONU han expresado su preocupación ante este caso al considerarlo una amenaza al activismo y a la libertad de expresión.

 
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